La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró de manera tajante que no se aplicará ningún impuesto a los videojuegos en el país, pese a que la propuesta apareció incluida dentro de la Ley de Ingresos, lo que en su momento desató una intensa polémica en redes sociales, entre la industria del entretenimiento digital y la comunidad gamer.
Durante su declaración, la mandataria explicó que ella misma solicitó inicialmente que el gravamen fuera eliminado del proyecto, al considerar que no era una medida viable ni adecuada. Sin embargo, reconoció que finalmente el planteamiento quedó integrado en el documento legislativo, aunque reiteró que no será ejecutado ni aplicado en la práctica.
¿CÓMO DETERMINAR QUÉ VIDEOJUEGO ES VIOLENTO O NO?
Sheinbaum fue clara al señalar uno de los principales problemas de esta propuesta: la imposibilidad de definir con claridad qué videojuegos pueden considerarse violentos y cuáles no.
"¿Quién determinaría eso?", cuestionó la presidenta, subrayando la complejidad técnica, cultural y subjetiva que implicaría establecer un criterio oficial para clasificar los contenidos interactivos. En lugar de un impuesto, el Gobierno de México optará por una estrategia distinta.
La presidenta adelantó que se impulsarán campañas enfocadas en la prevención y disminución de conductas violentas, utilizando incluso a los propios videojuegos como herramientas educativas y de concientización, especialmente dirigidas a jóvenes y adolescentes, uno de los sectores con mayor consumo de este tipo de entretenimiento.
CONTROVERSIA POR IMPUESTO A VIDEOJUEGOS
La controversia surgió semanas atrás, cuando se dio a conocer que la Ley de Ingresos contemplaba un posible gravamen a videojuegos considerados violentos, bajo el argumento de que estos podían influir negativamente en la conducta de los jóvenes.
La noticia provocó una reacción inmediata: desarrolladores, jugadores, creadores de contenido y especialistas en tecnología advirtieron que la medida carecía de sustento técnico, además de que podría afectar a una industria en crecimiento que genera empleo, innovación y derrama económica.
También se señaló que no existe evidencia concluyente que relacione directamente el consumo de videojuegos con un aumento de la violencia, y que un impuesto de este tipo podría abrir la puerta a criterios arbitrarios o censura indirecta.
Con esta aclaración, el Gobierno federal busca apagar la inquietud generada y enviar un mensaje de certidumbre tanto a la industria como a los consumidores.
Claudia Sheinbaum insistió en que la prioridad no es castigar el entretenimiento digital, sino atender las causas de la violencia desde una perspectiva preventiva, educativa y social, sin recurrir a medidas fiscales poco claras o difíciles de aplicar.
