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Agrícola

Conflicto por territorio yaqui es más político, que agrario

Solamente buscan el divisionismo, dicen autoridades tradicionales

Conflicto por territorio yaqui es más político, que agrario

La Tribu Yaqui ya hizo su trabajo y conforme a los acuerdos para avanzar en el Plan de Justicia Yaqui en territorio, agua y desarrollo, ya definió sus límites de acuerdo al decreto presidencial de Lázaro Cárdenas y los puntos naturales, en una acción conjunta con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y las instituciones del sector agrario.

Miembros de la Guardia Tradicional de Pótam señalaron que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ya tiene toda la información para actuar en consecuencia, es decir, definir la postura respecto al territorio de la Tribu Yaqui definido por los puntos naturales en la interpretación del decreto de Cárdenas

Este acuerdo se logró en la guardia tradicional de Vícam Pueblo como parte de los trabajos en la construcción del Plan de Justicia Yaqui, para la atención de las demandas históricas de la etnia, en el proceso de reconocimiento de sus derechos territoriales y la reconstrucción histórica, señalaron.

En estos acuerdos se analizó la expropiación llevada a cabo a través del decreto del entonces presidente Ernesto Zedillo, por lo que se tomó el acuerdo de seguir la estrategia de derogación y se solicitó un amparo en ese sentido.

Y ahora le corresponde al sector agrario proporcionar la información a detalle del uso y tenencia del suelo al INPI y a la Tribu Yaqui del territorio definido por los puntos naturales, en la interpretación del decreto de Lázaro Cárdenas, argumentaron los indígenas

Reiteraron que el sector agrario deberá definir su postura ante los acuerdos realizados por el INPI y las autoridades tradicionales en la construcción del Plan de Justicia Yaqui y definir qué tipo de acciones puede realizar dentro de sus competencias.

Aquellas acciones en las que se vayan a hacer entrega de territorios a la Tribu Yaqui, como acciones ejecutorias de reconocimiento y restitución, deberán ser entregados a las autoridades tradicionales de la etnia si no, no tiene sentido que se utilice a los pueblos yaquis, indicaron.

Las acciones de restitución y reconocimiento del territorio de la Tribu Yaqui deben realizarse bajo un orden que atienda el marco legal aplicable de manera local, regional, federal e internacional, como lo son los procesos jurídicos de amparo o de restitución de territorios a los pueblos indígenas, argumentaron

Aunque se debe considerar que pueden ir mezclados con intereses particulares, como por ejemplo los ranchos señalados por Loma de Guamúchil, a saber El Tigre y Mora, que también se contemplaron en la documentación presentada a López Obrador.

Es posible que acciones realizadas de manera no ordenada en materia de derechos indígenas y de reconocimiento del territorio, puedan interrumpir las negociaciones amistosas al realizar trabajos de manera unilateral, expusieron, tanto por lo que plantea la CIDH, como por lo que plantea el Plan de Justicia Yaqui.

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