Protegen salud de sonorenses

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El presidente de la Mesa Directiva, Luis Mario Rivera Aguilar, abrió la sesión con la presencia del vicepresidente y secretario, diputados Roge­lio Díaz Brown Ramsburgh y Fermín Trujillo Fuentes. Ade­más, se contó con la asistencia de los legisladores Rosa Icela Martínez Espinoza, Diana Platt Salazar, Carlos Nava­rrete Aguirre y Miguel Ángel Chaira Ortiz.

La iniciativa presentada por el diputado Matrecitos Flores establece que su finalidad con­siste en fortalecer la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora, así como reforzar el hecho de que, sin duda, el deporte es un factor de protección frente al pro­blema de las adicciones, pues esto implica una sana aplica­ción del tiempo libre, la adop­ción de hábitos saludables y la adquisición de valores fun­damentales para la formación integral de las personas.

“Cabe destacar que la modi­ficación que se propone no se contrapone a ninguna disposi­ción establecida, al contrario, abona en gran medida al com­bate en contra de las adiccio­nes y el consumo de sustancias psicoactivas, lo anterior como un asunto de salud pública, por las afectaciones que puede causar a las personas que las consumen y a las que están en su entorno social”, afirmó el legislador.

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma la frac­ción III del Artículo 2 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora se turnó para estudio a la Comisión de Educación y Cultura, mientras que a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se envió la presentada por el diputado Filemón Ortega Quintos, con proyecto de decreto que adicio­na un artículo 256 bis al Có­digo Penal para el Estado de Sonora.

Expuso que se trata de crear un tipo penal para que los ac­tos de alteración de precios, de fórmulas de medicamentos, y de desvío de recursos públicos destinados a la compra de me­dicamentos sean considerados como hechos delictivos y se sancionen como homicidio en grado de tentativa, para que de esta manera pueda hablarse de un verdadero derecho humano a la protección de la salud de los sonorenses, tal y como se establece en la Carta Magna.

“Los funcionarios públicos o personas encargadas de rea­lizar las compras de medica­mentos, licitarlas o auditarlas, al realizar actos con lo que en­carezcan deliberadamente el precio del medicamento o des­víen el recurso público presu­puestado para su compra, es­tán poniendo en riesgo la vida de las personas, por lo que su sanción por esos hechos no so­lamente debe ser administrati­va”, aseveró.

HACE LLAMADO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES

En esta sesión ordinaria, la diputada Rosa Icela Martínez Espinoza presentó un posicio­namiento en el que destacó las condiciones a las que se enfren­tan los trabajadores en materia de previsión social que otorgan instituciones como el IMSS, el Infonavit y el Infonacot, las que lejos de beneficiarlos, dijo, les afectan porque se han con­vertido en cargas financieras para esas personas.

Como presidenta de la Co­misión de Asuntos del Trabajo y como representante sindical, la legisladora hizo un llamado a sumar esfuerzos para solu­cionar ese tipo de problemas que enfrentan los trabajado­res, en especial lo relacionado con la deficiente atención que les otorga el Instituto Mexica­no del Seguro Social, sostuvo.

“En Sonora, el 65 por ciento de la población es derechoha­biente del Seguro Social, por lo tanto, dos terceras partes de la población de nuestro Estado padecen las inclemencias de una mala administración y las repercusiones en su salud por la falta de atención oportuna”, externó la diputada Martínez Espinoza.

El diputado Carlos Navarre­te Aguirre dijo que pedirá una auditoría a la CTM para que el dirigente de esta central, Ja­vier Villarreal Gámez, explique cómo los trabajadores mineros de Cananea no han recibido el reconocimiento a la lucha his­tórica que han emprendido en defensa de sus derechos labo­rales.