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Plan de justicia huele a política

Podrían impugnarlo porque se elabora en base a intereses ajenos a los Mayos

Gobernadores tradicionales Mayos analizarán la posibilidad de impugnar el Plan de Justicia, debido a que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) sigue sosteniendo reuniones en base a una lista de 21 gobernadores, cuando en realidad son solamente ocho.

Plan de justicia huele a política
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Ramón Wilfredo Armenta Gastélum, asesor legal, aseguró que las verdaderas autoridades son Fausto López Gutiérrez, de Macoyahui; Benito Valenzuela Alamea, de Conicárit; Santos Feliciano López Cota, Camoa; David Valenzuela Alamea, Pueblo Viejo.

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También, Aguileo Félix Ayala, Tesia; Alfredo Osuna Valenzuela, Cohuirimpo; Feliciano JocobiMoroyoqui, Etchojoa, y Marcos MoroyoquiMoroyoqui, de El Júpare.

De ellos, indicó, asistieron solo tres a la reciente reunión que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Etchojoa, como una muestra más de la inconformidad que hay en la tribu por la presencia y protagonismo de muchos gobernadores "usurpadores", "duales" o "falsos", que no cumplen con los usos y costumbres de la etnia.

Dijo que espera que el INPI deje este tipo de imposiciones, que lo único que provocan es la división de la nación yoreme, pero si insiste en ello se tomarán acciones por la vía de los tribunales, que en otras ocasiones "nos han dado la razón, como por ejemplo en el caso de la impugnación de regidores étnicos".

"Esto es lo que nos tiene inconformes, es decir, que el trabajo se esté realizando con integrantes de grupos políticos, no con miembros auténticos de las diversas comunidades", explicó.

"Pasó lo mismo que en la gira del gobernador Durazo, ya que se tomó en cuenta a personas que responden a otros fines, mientras que a los reales gobernadores los hicieron un lado", agregó.

Armenta Gastélum pidió al instituto que tome en cuenta también a los delegados de cada comunidad indígena para el planteamiento de los problemas, porque se corre el riesgo de que en el Plan de Justicia se incluyan proyectos que respondan a intereses o beneficios personales o políticos.

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