Ahora cinco miembros de una familia interpusieron el 14 de febrero una queja ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), creada por un capítulo paralelo del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México.
La queja busca que esa institución señale a México como responsable de no resolver el desastre e ignorar a las víctimas.
En el documento, de 14 páginas de extensión y consultado por Apro, Jesús Ríos León, su esposa Dulce María Fimbres Barceló y sus descendientes Dalia María, Dulce María y Jesús Gerardo, alegan la existencia de contaminación por presencia de metales y radiación en la colonia Altares, situada en el sur de Hermosillo, donde varias empresas construyeron casas con varillas metálicas radiactivas en los años 80.
En 2009, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), el regulador del manejo de materiales radiactivos, halló plomo (Pb-210) y talio (Tl-208), provenientes del decaimiento del uranio"torio-232, así como Pb-214 y bismuto (Bi-214) "resultado del decaimiento del uranio"238, en el suelo de su antigua casa. Estos elementos contienen isótopos radiactivos.
Jesús Ríos León "ya trae dentro de su cuerpo Bi-214 y es muy probable que se haya contaminado con Ra-226 (radio), cuando entró a vivir en la casa" de la colonia Altares en 2003, según la denuncia clave A14/SEM/19-001/01/SUB y que alerta que "la familia podría traer más metales o elementos dentro del cuerpo".
EL ORIGEN
El drama de la familia Ríos, como el de muchas otras víctimas similares, se origina en el peor accidente radiactivo ocurrido en México y que empezó a gestarse con la entrada de contrabando desde Estados Unidos en 1977 de una unidad de radioterapia que contenía cobalto-60, componente altamente radiactivo, por pedido del privado Hospital de Especialidades de Ciudad Juárez.
Dos empleados del hospital vendieron esa máquina en 1983 al yonque "Fénix", de Ciudad Juárez, que a su vez la trasladó a la entonces paraestatal Aceros de Chihuahua, que la fundió para producir piezas metálicas y luego distribuirlas en 16 de los 32 estados del país.
La fundidora produjo seis mil toneladas de varilla irradiada entre diciembre de 1983 y enero del año siguiente. De ese volumen, mil toneladas se destinaron a Estados Unidos y cinco mil al mercado doméstico. En total, el Gobierno recogió más de cinco mil toneladas, pero no pudo recuperar el faltante.
El Gobierno enterró más de cinco mil toneladas de varilla en el cementerio nuclear de Samalayuca, en Ciudad Juárez.
La CCA puede abrir "expediente de hechos" o recomendar investigaciones a fondo si considera que las quejas están sustentadas, pero no puede obligar a los países a actuar, pues sus fallos no son vinculantes.
El esquema deja en manos de los ministros de Ambiente de los tres socios del Tlcan, la decisión de proceder con la pesquisa, lo cual refleja las connotaciones políticas y económicas de esas posturas. Para proceder a realizar una investigación, dos de los tres países deben votar a favor.
La CCA mantiene abiertos cuatro casos contra México. Desde 1995, esa instancia decidió en 16 ocasiones no abrir investigaciones y en 14 ordenó proceder con ellas. En tres casos, el Concejo de Ministros ambientales instruyó al Secretariado no abrir pesquisas, éste determinó cerrar tres procesos por falta de méritos y otros tres, por ausencia de seguimiento. Otra denuncia quedó detenida por la existencia de recursos judiciales en marcha en el país.
LEGADO MORTAL
El expediente presentado ante la CCA enumera todas las dolencias padecidas por la familia, a la que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda le quitó en 2008 la casa por impago de intereses moratorios.
Dalia María Ríos Fimbres ha sido operada seis veces, una del cuello; cuatro por cáncer de tiroides y otra más en la cabeza, por un quiste. "Trae un adenoma en su hipófisis. Sufre constantemente dolores de cabeza y de estómago y opresión en su pecho, se ha llevado a emergencias varias veces y sólo le dan medicamentos para quitarle el dolor", refiere un escrito de 68 páginas, del 9 de septiembre último y adjunto al documento.
Por su parte, Jesús Gerardo Ríos Fimbres tiene un nódulo en el pulmón, sufre de cardiomegalia (corazón grande) y espondilitis esquilosante (artritis de columna). "Se le quedaron sin movimiento sus piernas, también sufrió dolores de cabeza. Cuando vivimos en la colonia se fracturó varias veces con facilidad, le salieron ronchas en su piel, cuando vivió en esta casa contaminada, se le caía mucho pelo de su cabeza", se señala en el documento.
Dulce María Fimbres Barceló ha sido operada cuatro veces por problemas en la matriz, por un tumor en el ojo, por otro en las fosas nasales y por el cáncer de tiroides que padece.
Dulce María Ríos Fimbres sufre de trastornos mamarios y tiene problemas de neuroconducción. Por último, Jesús Ríos León presenta un tumor benigno en la espalda.
En exámenes efectuados en 2011 en un laboratorio de Carlsbad (Nuevo México), a Ríos León le detectaron niveles altos de Bi-214 y potasio (K-40), a Dulce María Fimbres Barceló, Ru-106 y K-40; y a Dulce María Ríos Fimbres, yodo (Y-88) y potasio.
La familia, que ha protestado desde 2011 frente a la sede del Gobierno estatal en Hermosillo, asegura contar con más de 200 estudios relacionados con sus dolencias, con los cuales se han involucrado de forma directa e indirecta más de 70 doctores, pero "sólo existe una bola de mentiras", acusan en el expediente, que también menciona el deceso de una joven por cáncer óseo en la colonia Altares.
Los afectados han vivido un viacrucis de institución en institución, sin que ninguna les preste atención, según la denuncia, "ignorados, por las autoridades de Salud, Protección Civil, Derechos Humanos, diputados, presidentes municipales, gobernadores y autoridades federales, desde el 2006 a la fecha".
En febrero de 2010, la familia Ríos Fimbres interpuso la primera queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.
En mayo de ese mismo año, la familia presentó una denuncia ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Sonora. Posteriormente, acudió también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ninguno de esos recursos dio resultado.
GOBIERNOS OMISOS
Los cinco afectados pidieron ayuda al panista Felipe Calderón (2006-2012) y al priísta Enrique Peña Nieto (2012-2018), sin respuesta. En agosto de 2018 le enviaron carta a Andrés Manuel López Obrador, sin contestación.
Para Rodrigo Meléndez, profesor del Departamento de Investigación en Física y responsable de Seguridad Radiológica de la Universidad de Sonora, lo deseable sería practicar más estudios para determinar el nexo entre la presencia de elementos radiactivos y la contaminación.
"Los resultados no implican que no se hagan estudios extra para descartar niveles de contaminación y establecer si hay conexión o no. Si no se recuperó toda la varilla, a lo mejor pudo quedar aquí en Hermosillo. Es razonable la preocupación por la salud de la familia", declaró.
En 2009, Meléndez midió, a petición de la familia y de Protección Civil de Hermosillo, la presencia de metales en la casa habitada por la familia Ríos, aunque no halló niveles por encima de la norma. El experto integró también una comisión formada por el sistema de salud del Estado.
"Saqué lecturas en la sala, en los castillos de la casa, en el suelo. Los valores que había encontrado no eran para afectar a la salud, pero el señor Ríos me dijo que quería seguir investigando sobre eso. En esa colonia hay un área con construcciones de granito y ese tipo de material elevaban un poco las mediciones", recuerda Meléndez.
