Frena división Plan de Justicia
Aumentan a 36 los gobernadores mayos, entre tradicionales y “duales”, y así es muy difícil ponerse de acuerdo, coinciden líderes y funcionarios
Después de casi dos años de que iniciaron los trabajos del Plan de Justicia Mayo, los avances no se han dado en la medida esperada por la etnia.
Fue el 20 de mayo del 2022, en Etchojoa, cuando autoridades tradicionales entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador un documento con sus principales necesidades y planteamientos.
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El Ejecutivo Federal dio instrucciones para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Gobierno de Sonora facilitaran el ejercicio de planeación participativa para la implementación del Plan.
De esta manera, comenzó un proceso de gestión para desarrollar Mesas de Trabajo sobre los diferentes temas que gobernadores y cobanaros propusieron como prioritarios.
Entre éstos, destacaron los puntos de tierras y territorio, agua, medioambiente, infraestructura básica, caminos y puentes, drenaje y saneamiento, energía eléctrica, vivienda, educación, cultura, lengua e identidad, salud y medicina tradicional, agricultura, ganadería, pesca, artesanía, turismo, derechos laborales y Gobierno y organización tradicional.
“El Plan de Justicia va muy lento y en esto ha tenido mucho que ver que hay muchos gobernadores; se habla de más de 20 o más de 30, cuando deben ser solamente ocho”, dijo Feliciano Jocobi Moroyoqui, gobernador tradicional de Etchojoa y gobernador de los ocho Pueblos Mayos.
Señaló que el problema se agudiza por la disputa constante entre ellos, sobre quién tiene el derecho “legítimo” a decidir o a representarlos (por linaje o autonombrado) ante las dependencias de Gobierno.
“La verdad es que no existe mucha coordinación entre las autoridades (gobernadores, comisarios municipales, comisariados ejidales y otros), debido a la fuerte división interna, que es en buena medida causada o promovida por líderes, partidos políticos y dependencias gubernamentales”, manifestó.
Jocobi Moroyoqui dijo que él no asiste al Plan de Justicia, porque encaso de hacerlo estaría avalando o reconociendo lo que “irresponsablemente están haciendo funcionarios al tomar en cuenta a usurpadores de grupos que trabajan por intereses partidistas y personales”.
Aclaró que está de acuerdo con el Plan en lo general y reconoció el interés del presidente López Obrador y del gobernador Alfonso Durazo por apoyar a la etnia Mayo, “pero el problema es con los funcionarios de abajo”.
QUEREMOS TIERRAS, NO CASAS
Otros gobernadores tradicionales, como Santos Feliciano López Cota y Aguileo Félix Ayala, de Camoa y Tesia, respectivamente, dijeron que el Gobierno debe centrarse en los ejes principales del Plan de Justicia, que son territorio, agua y desarrollo.
“No queremos casitas y otras cosas que se andan manejando, sino que buscamos que se reconozca nuestro territorio y que las tierras sean distribuidas entre los ocho gobiernos reales y auténticos que componen la Nación Yoreme, no los duales”, precisaron.
Indicaron que las tierras que demandan legítimamente, después de muchos años de despojos, deben contar, en primer lugar, con agua.
Dichos gobernadores mencionaron que a la Tribu Mayo se le despojó totalmente de su agua y territorio, imponiéndose figuras inorgánicas como los ejidos y los municipios y, en algunos casos, hasta colonias, sin respetar el régimen comunal de propiedad ejercido desde siempre y su continuidad en el marco de la ley interna y el pluralismo jurídico.
“Por ello estamos pidiendo al Gobierno que primero se haga la reconstrucción de la verdad histórica sobre los procesos y etapas de esos despojos”, puntualizaron.
“Mientras no se resuelva lo del territorio no se podrá avanzar en lo demás, por lo que es necesario que se realicen los deslindes correspondientes”, agregaron.
Lamentaron que la Etnia Mayo, a pesar de ser la tribu más numerosa de Sonora, siga siendo relegada y no se le reconozca plenamente sus derechos ancestrales, ni a las verdaderas autoridades tradicionales.
LLAMA CEDIS A LA UNIDAD
El Plan de Justicia sí tiene avances en rubros de vivienda, caminos artesanales, salud, entre otros, aseguró Reynaldo Millán Cota, director de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Sonora (Cedis).
Con respecto a la recuperación de las tierras, señaló que se trata de un proceso muy complejo y por ello ha sido lento, porque tiene que ver con la existencia de documentos que requieren mucha investigación.
Reconoció que se pudo avanzar más en el Plan, pero para ello es necesario establecer mecanismos de unidad entre los grupos mayos, en el marco de asambleas y reuniones de trabajo.
Millán Cota reveló que actualmente se tienen registrado en Cedis a 36 gobernadores, entre tradicionales y “duales”.
“Se nos critica que si por qué atendemos a los duales, pero son indígenas y llegan con su gente y sus necesidades y por eso tenemos que darles atención; y a nosotros no nos metemos en si son consagrados o autonombrados o no”, explicó.
En tanto, para el Gobierno Federal, la dispersión o, bien, la concentración de los mayos en localidades donde conviven con los yoris, ha dificultado el ejercicio de sus derechos y el control de sus tierras y territorio, lo que ha tenido como consecuencia el debilitamiento de sus asambleas, la pérdida de capacidad para resolver problemas locales y colectivos, asícomolos que se dan entre comuneros y ejidatarios sobre sus posesiones de tierra.
Asimismo, las amenazas de las empresas agrícolas y de la delincuencia organizada presente en su territorio, inhiben la organización intercomunitaria y reclamo de sus derechos.
DISCRIMINA PLAN A COBANAROS
El Plan de Justicia no ha avanzado como se quisiera porque no se está convocando a la asamblea comunitaria, ni a los representantes de la asamblea, ni al cobanaro tradicional, dijo Ángel Camacho Sánchez, oficial del Departamento Jurídico del Consejo Supremo de Cobanaros y Comunidades Indígenas Mayos del Sur de Sonora.
“Los cobanaros son la autoridad tradicional y están acreditados con acta de la misma comunidad, pero están siendo discriminados formalmente, violando artículos constitucionales”, sostuvo.
“Que los gobernadores expliquen o justifiquen jurídicamente cuáles son los preceptos legales para decir que con ellos se deben llevar las reuniones del Plan de Justicia, donde se deciden los presupuestos y donde se agarran del ‘chongo’, se dan de sombrerazos y donde no se avanza”, dijo.
Camacho Sánchez señaló que, al no invitarse al cobanaro, una determinada comunidad “no sabe qué hay en el Plan, ni en el INPI, ni en la Conagua, ni en la Sader, ni en otras dependencias”.
En relación a los puntos del Plan de Justicia, consideró que las autoridades deberían enfocarse a los caminos, porque en cada temporada de lluvias muchas comunidades quedan inundadas.
Reconoció que en vivienda se han logrado avances, pero deben corregirse las irregularidades en su proceso y que de hecho han sido denunciadas públicamente en los últimos días.
GOBERNADORES TRADICIONALES
- 1.- Ubaldo López Valenzuela (Macoyahui)
- 2.- Ramón Oximea Bustillos (Conicárit)
- 3.- Norberto Buitimea Yocupicio (Pueblo Viejo)
- 4.- Aguileo Félix Ayala (Tesia)
- 5.- Santos Feliciano López Cota (Camoa)
- 6.- Juan de Dios Osuna Valenzuela (Cohuirimpo)
- 7.- María del Rosario Avilés Carlón (Júpare)
- 8.- Feliciano Jocobi Moroyoqui (Etchojoa)
De acuerdo con los datos censales del Inegi (2020), la población indígena por hogar mayo en las 207 localidades identificadas por las autoridades tradicionales, es de 42,813 personas
