Enfrentan violencia mujeres indígenas
La institución que atiende la problemática llama a denunciar abusos y no normalizar la situación
Desde hace 15 años, una muy importante y loable labor lleva a cabo la Casa de la Mujer Indígena La Paloma-Ju Wokkow, una de las 55 que operan en el país y la única de Sonora.
La CAMI es un espacio al servicio de la población femenina de la Etnia Mayo, a cargo de un grupo de trabajo integrado por mujeres campesinas e indígenas, comprometidas y capacitadas en los temas de prevención de la violencia. Fue inaugurada el 10 de diciembre del 2009, forma parte de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicanas y mantiene relación estrecha con las autoridades tradicionales mayos, además de que se vincula con instituciones gubernamentales y de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y con el movimiento feminista y amplio de mujeres.
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Olga Delia Vázquez Miranda, coordinadora de la institución, informó que se realizan diversas actividades, como la del fortalecimiento organizativo de la casa, los grupos de mujeres y de la red de promotoras comunitarias, a través del acompañamiento grupal y encuentros e intercambios de experiencias.
También, indicó, se brinda asesoría, canalización y acompañamiento a mujeres en situación de violencia a las instancias correspondientes para su atención, ofreciendo servicios gratuitos en el renglón psicológico, trabajo social y orientación jurídica.
Mencionó que la institución realiza además la difusión y sensibilización comunitaria sobre los derechos de las mujeres, prevención de la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos, mediante talleres regionales de capacitación, ferias comunitarias y pláticas a jóvenes.
Agregó que dentro de las ferias comunitarias orientan sobre los derechos, de una manera novedosa e interesante, como por ejemplo el juego de la lotería, con cartas alusivas a la problemática.
Otras de las actividades son la capacitación al grupo de trabajo para su especialización temática, así como la generación de materiales para la divulgación o capacitación en los temas que aborda la CAMI.
“No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, sino que estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar”, es uno de los lemas de la Casa de la Mujer Indígena, que está ubicada por la calle Ramón Terán número 12, entre Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, en San Ignacio Cohuirimpo, en el Municipio de Navojoa, y donde se atiende de lunes a viernes.
CASOS A LA ALZA
Vázquez Miranda señaló que la violencia contra las mujeres de la etnia ha aumentado en los últimos años, lo que, sin duda, es un tema preocupante, que requiere una mayor atención por parte de los tres niveles de Gobierno.
Dijo que el problema se incrementó durante la pandemia, que acentuó las causas que originan la violencia en sus distintas modalidades, como la física, verbal y psicológica, en mayor medida.
Entre las causas, indicó, están el alcoholismo, la drogadicción, el machismo, que aún persiste en niveles altos, así como el hecho de que cada vez más mujeres trabajan y aportan a la economía del hogar.
“Esto último molesta a muchos hombres, quienes, al no poder mantener a la familia y no poseer los ingresos suficientes, se vuelven más agresivos y violentan a quienes están más cerca de ellos y que tienen muchas condiciones de vulnerabilidad”, explicó.
Informó que la CAMI ha atendido en lo que va de este año un promedio mensual de 30 casos de violencia, de los municipios de Navojoa, Etchojoa y Benito Juárez, que son canalizados a las instancias de procuración de justicia, en base a la decisión de las afectadas.
Agregó que personal de la institución, como la trabajadora social, la psicóloga y el abogado, al igual que la red de promotoras, detectan esos casos durante las ferias comunitarias y se les da seguimiento.
“Preocupa esta cantidad, y estamos hablando nada más de los que atiende esta institución. ¿Cuántos más se denunciarán ante otras instancias y cuántos ni siquiera se denuncian?”, cuestionó.
Olga Delia Vázquez comentó que muchas mujeres ven la violencia como algo normal y común, aunado al temor que existe por ser juzgadas y la poca confianza hacia las autoridades.
“Lo que buscamos es que no se normalice el registro de violencia a las mujeres, concientizarlas de que no es algo que se debe dejar pasar, apoyarlas a que denuncien porque esto es clave, es el primer paso, y afortunadamente hemos avanzado en ello”, dijo.
Con respecto al papel del Gobierno ante este problema, consideró que debería ampliar y reforzar estos programas de prevención y atención, en lugar de recortarles presupuestos.
Lamentó que las autoridades sigan resistiéndose a aceptar que se ha fallado en la atención de esta problemática, que debe asumirse con un enfoque prioritario.
“Tenemos derecho a una vida libre de violencia, como lo establecen las legislaciones estatal, nacional e internacional; la violencia contra la mujer es una violación a los derechos fundamentales; el Gobierno debe asegurarnos que no se violenten nuestros derechos”, externó.
APLICAR LA LEY
La empresaria y activista indígena Victoria Moroyoqui Galaviz, directora de la Casa Artesanal y Gastronómica de Etchohuaquila, reconoció que se han logrado avances en el respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres de la etnia, pero falta mucho por hacer.
Por ejemplo, indicó, muchas maestras yoremes sufren discriminación, pero no alzan la voz por el temor que tienen a perder la plaza de trabajo.
Dijo que ella, en su caso particular, sufrió discriminación en su trabajo como subdirectora del Programa para el Bienestar, en el INPI de Sonora, por lo que interpuso una denuncia el año pasado, la cual se está investigando.
Explicó que la violencia laboral es toda acción realizada por cualquier persona de cargos superiores, igual o inferiores, que discrimina, humilla, amenaza e intimida en el trabajo.
“Y sigue existiendo cuando al agresor no se sanciona, por eso es clave que, para erradicarla, se sancionen estas acciones y no se cubran por el poder institucional o político que los cobija”, añadió.
Moroyoqui Galaviz mencionó que hay leyes de protección a la mujer, como la “3 de 3”, que tienen como objetivo establecer la coordinación entre Federación, estados y municipios, sectores privado y social, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia.
“Pero necesitamos que se apliquen de manera efectiva a favor de las mujeres, que no queden en letra muerta y, como tal, la justicia y el acceso a una vida libre de violencia”, dijo.
CIFRAS DE INEGI
De acuerdo a reportes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), un 60 por ciento de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Según el tipo de violencia, la psicológica es la de mayor prevalencia, con un 51 por ciento, seguida de la sexual con un 49, la física con 34 y la económica con 27 por ciento.
El Día Internacional de las Mujeres Indígenas se instituyó en 1983, en honor a la lucha de Bartolina Sisa, guerrera aymara que se opuso a la dominación colonial y que murió brutalmente asesinada en 1782, en La Paz, Bolivia.
La guerrera aymara, que era hiladora, se casó con el caudillo Túpac Katari y junto a él organizó la resistencia indígena de los pueblos andinos contra el yugo español.
Desde hace 40 años, indígenas de distintos países conmemoran esta fecha con la honra que merecen las mujeres portadoras de la herencia cultural y ancestral de estas comunidades, así como de aquellas que murieron en la lucha contra la discriminación y los abusos cometidos a este género y etnia durante la historia.
