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Busca anular carpetazo por el derrame tóxico

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El Sindicato Minero, que li­dera Napoleón Gómez Urrutia, litiga contra la Fiscalía General de la República (FGR) para que reabra las investigaciones con­tra una subsidiaria de Grupo México, de Germán Larrea, por el derrame de casi 40 mil metros cúbicos de tóxicos en el Río So­nora, en 2014.

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En el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la enton­ces Procuraduría General de la República (PGR) decretó el “car­petazo” en las dos averiguacio­nes previas que tenía en curso, al concluir que no había evidencias de delitos ecológicos.

Ahora, tanto el Sindicato Mi­nero, como más de 100 víctimas del derrame, patrocinadas por Marco Antonio del Toro, también defensor de Gómez Urrutia, de­mandaron por la vía del amparo la reapertura de la que quizá sea la indagatoria más relevante de contaminación industrial en la administración pasada.

Las investigaciones iniciaron luego que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profe­pa) denunciara el derrame de casi 40 mil metros cúbicos de lixivia­dos de sulfato de cobre acidulado, el 6 de agosto de 2014 sobre los ríos Sonora y Bacanuchi.

El derrame ocurrió en la mina Buenavista del Cobre, empresa que opera Grupo México.

Poco después de la denuncia de la Profepa, el Sindicato Mine­ro también presentó la suya y se instruyeron las averiguaciones 1118/UEIDAPLE/DA/25/2014 y 1364/UEIDAPLE/DA/23/2014 en la Unidad Especializada en Investigación Especializada de Delitos Ambientales y Previstos en leyes Especiales.

Los expedientes no se acumu­laron, pese a tratarse de los mis­mos hechos, y el 27 de diciembre de 2017, considerando la falta de pruebas, la UEIDAPLE dictó el primer no ejercicio de la acción penal, en la indagatoria iniciada por querella de la Profepa.

De acuerdo con Marco An­tonio del Toro, el 10 de mayo de 2018 la misma unidad especial que depende de la Subprocu­raduría de Delitos Federales también hizo la consulta para archivar la indagatoria abierta por denuncia de los mineros y el 3 de julio dictó su autorización definitiva en favor de la empresa de Grupo México.

El sindicato presentó an­te la entonces PGR un recurso de inconformidad, pero el 6 de septiembre pasado se declaró improcedente.

El gremio que dirige Gómez Urrutia y las víctimas del derra­me presentaron sus respectivos amparos contra esta última de­cisión.

“Nosotros consideramos que debieron haberse acumulado las averiguaciones previas, la PGR sustenta el no ejercicio de la ac­ción penal del caso denunciado por el sindicato, en el no ejercicio de la acción penal dictado en la averiguación previa que inició por denuncia de la Profepa.

“Sin embargo, nosotros no conocemos esa resolución noti­ficada a la Profepa, no nos die­ron los elementos de motivación para combatirlos, que es lo que nos hizo ir al juicio de amparo”, señaló Del Toro.

Las demandas de los mineros y las víctimas han sido radicadas en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Amparo.

Grupo México impugnó di­chos amparos, alegando que los quejosos no tienen ningún interés jurídico en el caso y sus demandas deben ser desecha­das. Se espera que un tribunal colegiado resuelva en breve la procedencia de las quejas de la empresa.


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