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Por abusos deshonestos, al “bote” por 48 años

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En la audiencia de indivi­dualización, celebrada el 14 de febrero, la jueza de orali­dad determinó que la pena a imponer al sentenciado es seis años, un mes, 10 días de prisión por el delito de abusos deshonestos agravados reite­rados.

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Por el delito de violación equiparada agravada en nú­mero de dos le dictó una pena de 28 años de prisión y por el delito de violación agravada por 14 años, para una pena global de 48 años, 1 mes, 10 días de cárcel.

Además, le impuso una sanción de 160 mil 884.25 pesos para la reparación del daño moral global, de 45 mil 552 pesos para la reparación del daño material global y una multa de 20 mil 553 pesos.

Personal de la FGJE pre­sentó, durante la audiencia del Juicio Oral, pruebas só­lidas obtenidas en las inda­gatorias realizadas por el agente del Ministerio Públi­co y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), a cargo de la comandante Mirna Raquel Espinoza Olivas, quien ha ve­nido un gran trabajo en este Municipio.

Se pudo comprobar, con tes­timoniales, investigación de campo y pruebas científicas por Medicina Legal y Servicios Periciales, que en el periodo de tiempo entre el 18 de noviem­bre de 2017 a febrero de 2018 que el hoy sentenciado ejerció actos eróticos en el cuerpo de la víctima menor de edad.

Lucio “N.” realizó las ac­ciones al aprovecharse de la confianza depositada por la menor al ser su tío político. El pasado 5 y 6 de febrero des­ahogaron pruebas testimonia­les las Agentes del Ministerio Público de Litigación en las audiencias del Juicio Oral.

Para el 7 de febrero, en la audiencia de fallo, se encontró responsable al acusado de los delitos imputados por inte­grantes de la FGJE, determi­nando el pasado 14 de febrero las penas al sentenciado por 48 años, 1 mes y 10 de prisión, así como las multas y repara­ción del daño.

“Quien atente contra la in­tegridad, la salud emocional y la vida de las y los niños sonorenses se encontrará con una Fiscalía que aplica todo el rigor de la Ley”, aseveró la Fiscal General, Claudia Indi­ra Contreras.


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