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Debe Ejército ser transparente

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El ingreso a los domi­cilios sin ninguna orden, golpes a civiles en sus operativos, son parte de los atropellos que han de­nunciado algunos de los cajemenses agraviados, quienes no reciben nin­guna notificación sobre los hechos.

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Esta misma situa­ción se vive desde hace más de una década en el país, ya que, en 12 años, de diciembre de 2006 a diciembre de 2018, el Ejército mexicano estuvo involucrado en 4.495 en­frentamientos con civiles, principalmente pistoleros de diversos grupos del crimen organizado.

Los diferentes manua­les y directivas castren­ses obligan a los milita­res a elaborar informes sobre estos eventos. Esta información sirve a las fiscalías para nutrir las pesquisas sobre homici­dios y otros delitos, pero la secretaría de la Defen­sa Nacional (Sedena) dijo que no cuenta con estos informes en sus archivos. Que no existen, según lo comenta el diario español El País.

Durante los últimos dos sexenios, el Ejército se convirtió en el principal cuerpo policial del país.

Ninguna otra corpora­ción participó en más en­frentamientos en aque­llos años. Ni siquiera la Policía Federal, con 495, ni la Secretaría de Mari­na, con 397.

A pesar de las dudas suscitadas durante la campaña de Andrés Ma­nuel López Obrador, el Ejército ha mantenido su estatus en el nuevo Go­bierno de Morena y sigue ocupado de la seguridad pública.

De hecho, será la Se­dena la encargada de reclutar y formar a sus integrantes. Hasta que empiece a funcionar, los militares seguirán a car­go de patrullar las calles.

Pese a su sintonía con los militares, la apuesta por la transparencia del nuevo Gobierno parece ajena al Ejército.

El académico Javier Treviño, integrante del Programa de Política de Drogas del CIDE, señaló que la Secretaría de la Defensa suele responder a las solicitudes de infor­mación con argumentos negativos “prefabricados”.

Algunas veces respon­de que la información so­licitada no existe. Otras, que no es competencia suya recopilarla: “El Ejér­cito no responde al Insti­tuto Nacional de Acceso a la Información, igual que no le han respondido al Poder Judicial, igual que a Hacienda.

“Año tras año se les exime de entregar un documento que explica cómo gastan su presu­puesto. Todas las depen­dencias lo hacen, pero a Sedena se le exime. No están acostumbrados al control de las instancias civiles”, indicó.

Desde hace tiempo, académicos, periodistas y particulares han pe­dido datos sobre balace­ras, tiroteos y agresiones armadas al Ejército. No sólo los informes, tam­bién las cifras de muertos y heridos, los municipios donde se produjeron y los estados. Además de prefabricadas, como dice Treviño, el criterio con que responden peticiones de información sufre va­riaciones inexplicables.

Así ocurre con las cifras de víctimas mor­tales, heridos y deteni­dos en enfrentamientos. Hasta abril de 2014, Se­dena daba esos datos a quienes los pedían.

A partir de entonces dejó de hacerlo. Ante las peticiones de informa­ción, la respuesta que comenzó a dar la insti­tución es que no contaba con los datos porque no tenía la obligación de re­copilarlos.

Esta obligación, decían las respuestas, recae en la Procuraduría General de la República, la Fiscalía.

Desde entonces y hasta diciembre de 2018, cuan­do finalizó el Gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa había reci­bido al menos 11 peticio­nes en este sentido.

Todas fueron negadas bajo el mismo argumen­to. Uno de los casos sigue su proceso y la Secreta­ría, que se negó a entre­gar los datos en primera instancia, ha sido obli­gada a entregarlos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información antes del 11 de abril.

La negativa de la Se­dena a dar información se extiende a asuntos inocuos, situación que ha experimentado el equipo que coordina Javier Tre­viño en el CIDE.

Desde hace más de un año, han dirigido varias peticiones de información sobre la composición del Ejército a la Secretaría: de qué estados provienen los militares, de qué mu­nicipios, con qué edad in­gresan, con qué nivel de estudios, etcétera.

Es información conte­nida en la hoja de datos personales, común en cada alta en las Fuerzas Armadas. La primera respuesta de la secreta­ría fue negarse.

Pero el INAI contestó que debía entregar la in­formación. Igual que en el caso de los civiles muer­tos, heridos y detenidos en enfrentamientos, la institución castrense tie­ne hasta el 11 de abril para responder.


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