Por: Eduardo Sánchez
A pesar de que las fuerzas militares están presentes, en Cajeme no se han notado los cambios y es que aún con los elementos castrenses en las calles, marzo concluyó con un conteo de 27 ejecuciones.Además, la llegada del Ejército mexicano al Municipio y la estrategia de tomar el control de los operativos en contra del crimen organizado, estuvo acompañada de quejas por parte de la sociedad civil, debido a la agresividad que muestran los soldados.
El ingreso a los domicilios sin ninguna orden, golpes a civiles en sus operativos, son parte de los atropellos que han denunciado algunos de los cajemenses agraviados, quienes no reciben ninguna notificación sobre los hechos.
Esta misma situación se vive desde hace más de una década en el país, ya que, en 12 años, de diciembre de 2006 a diciembre de 2018, el Ejército mexicano estuvo involucrado en 4.495 enfrentamientos con civiles, principalmente pistoleros de diversos grupos del crimen organizado.
Los diferentes manuales y directivas castrenses obligan a los militares a elaborar informes sobre estos eventos. Esta información sirve a las fiscalías para nutrir las pesquisas sobre homicidios y otros delitos, pero la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo que no cuenta con estos informes en sus archivos. Que no existen, según lo comenta el diario español El País.
Durante los últimos dos sexenios, el Ejército se convirtió en el principal cuerpo policial del país.
Ninguna otra corporación participó en más enfrentamientos en aquellos años. Ni siquiera la Policía Federal, con 495, ni la Secretaría de Marina, con 397.
A pesar de las dudas suscitadas durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército ha mantenido su estatus en el nuevo Gobierno de Morena y sigue ocupado de la seguridad pública.
De hecho, será la Sedena la encargada de reclutar y formar a sus integrantes. Hasta que empiece a funcionar, los militares seguirán a cargo de patrullar las calles.
Pese a su sintonía con los militares, la apuesta por la transparencia del nuevo Gobierno parece ajena al Ejército.
El académico Javier Treviño, integrante del Programa de Política de Drogas del CIDE, señaló que la Secretaría de la Defensa suele responder a las solicitudes de información con argumentos negativos “prefabricados”.
Algunas veces responde que la información solicitada no existe. Otras, que no es competencia suya recopilarla: “El Ejército no responde al Instituto Nacional de Acceso a la Información, igual que no le han respondido al Poder Judicial, igual que a Hacienda.
“Año tras año se les exime de entregar un documento que explica cómo gastan su presupuesto. Todas las dependencias lo hacen, pero a Sedena se le exime. No están acostumbrados al control de las instancias civiles”, indicó.
Desde hace tiempo, académicos, periodistas y particulares han pedido datos sobre balaceras, tiroteos y agresiones armadas al Ejército. No sólo los informes, también las cifras de muertos y heridos, los municipios donde se produjeron y los estados. Además de prefabricadas, como dice Treviño, el criterio con que responden peticiones de información sufre variaciones inexplicables.
Así ocurre con las cifras de víctimas mortales, heridos y detenidos en enfrentamientos. Hasta abril de 2014, Sedena daba esos datos a quienes los pedían.
A partir de entonces dejó de hacerlo. Ante las peticiones de información, la respuesta que comenzó a dar la institución es que no contaba con los datos porque no tenía la obligación de recopilarlos.
Esta obligación, decían las respuestas, recae en la Procuraduría General de la República, la Fiscalía.
Desde entonces y hasta diciembre de 2018, cuando finalizó el Gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa había recibido al menos 11 peticiones en este sentido.
Todas fueron negadas bajo el mismo argumento. Uno de los casos sigue su proceso y la Secretaría, que se negó a entregar los datos en primera instancia, ha sido obligada a entregarlos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información antes del 11 de abril.
La negativa de la Sedena a dar información se extiende a asuntos inocuos, situación que ha experimentado el equipo que coordina Javier Treviño en el CIDE.
Desde hace más de un año, han dirigido varias peticiones de información sobre la composición del Ejército a la Secretaría: de qué estados provienen los militares, de qué municipios, con qué edad ingresan, con qué nivel de estudios, etcétera.
Es información contenida en la hoja de datos personales, común en cada alta en las Fuerzas Armadas. La primera respuesta de la secretaría fue negarse.
Pero el INAI contestó que debía entregar la información. Igual que en el caso de los civiles muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos, la institución castrense tiene hasta el 11 de abril para responder.
