Trabajadores del gobierno presentan amparo contra el Fondo de Pensiones para el Bienestar
Los demandantes, empleados de diversas dependencias del gobierno federal, han acudido a la protección de la justicia federal
Este jueves, más de 700 trabajadores del sector público han presentado la primera demanda de amparo contra las recientes reformas que dieron origen al Fondo de Pensiones para el Bienestar, iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Los demandantes, empleados de diversas dependencias del gobierno federal, han acudido a la protección de la justicia federal al considerar que las modificaciones a las leyes del IMSS, Infonavit, Sistema de Ahorro para el Retiro, y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para la creación del mencionado fondo, ponen en riesgo sus ahorros.
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Según la defensa de los trabajadores, estas reformas son inconstitucionales debido a su carácter retroactivo, además de que vulneran el principio de seguridad jurídica.
DEMANDAS DE AMPARO
En un video difundido en redes sociales, los abogados de los demandantes anunciaron que en las próximas semanas cientos de trabajadores de instituciones como el Inegi, la Comisión Nacional Bancaria, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional Electoral, y varias dependencias federales más, seguirán acciones similares y procederán a presentar sus propias demandas de amparo.
Según sus declaraciones, con este movimiento legal buscan proteger los ahorros de los empleados públicos, evitando que se vean afectados por las disposiciones que los incluirían en el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
¿QUÉ ES EL FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR?
El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público que será administrado por el Banco de México. Este fondo tiene como objetivo complementar las pensiones de aquellos trabajadores cuyo monto de jubilación sea igual o menor al salario promedio mensual de los empleados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El mecanismo para financiar este fondo se basa en la utilización de cerca de 40 mil millones de pesos provenientes de los ahorros no reclamados de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) de personas de 70 años o más que estén inactivas, según los cálculos del Gobierno.
