Y la razón es muy sencilla: los recursos provenientes del Fondo Minero ya no pasarán por sus tesorerías sino que irán directamente a las comunidades para realizar obras de infraestructura.
Será la Secretaría de Economía la que, sin intermediario alguno, decida cómo se canalizará lo recaudado por el 7.5% sobre las utilidades de las empresas mineras para las comunidades cercanas a la extracción de minerales.
A como estaba planteado este fondo, creado en 2013, el dinero recaudado se enviaba a los gobiernos estatales y después a los municipales.
Por supuesto, como todo lo que en México huela a dinero, se convirtió pronto en un esquema de control político y los beneficios sociales se fueron alejando de las comunidades mineras.
Es más, Michael Harvey, director de asuntos corporativos de Goldcorp, una minera de renombre, en su momento exclamó: "El impuesto minero tiene un diseño muy político y menos social".
Más claro, ni el agua.
Y según la nueva visión, el dinero producto de este impuesto no está incluido en 2019 dentro de la recaudación federal participable sino que se va en 80% al Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, en un 10% a la Secretaría de Economía y 10% al Gobierno Federal.
Esto quiere decir que ya nadie en las entidades podrá pavonearse con haber conseguido más dinero para las comunidades cercanas a las minas.
Mucho menos podrán destinar un poquito para obras públicas y un mucho para campañas políticas, pues nadie, según se sabe, ha auditado a fondo el manejo que se le ha dado a este mecanismo de beneficio comunitario.
En Sonora, los legisladores panistas quieren exhortar al Presidente de la República para que vuelva al esquema original de enviar los recursos a los estados y municipios, pero además piden que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arenllano encabece un juicio de controversia constitucional hacia la Suprema Corte de Justicia para que se regresen los recursos a los municipios.
Según la información oficial, entre 2014 y junio de 2017, el Fondo percibió más de ocho mil millones de pesos, de los cuales se destinaron a proyectos sociales seis mil 580 millones.
Pero su manejo ha dejado mucho que desear y por ello hubo necesidad de cambiar el esquema.
Los diputados panistas están liderando esta postura porque a nivel nacional se destinan a los municipios tres mil millones de pesos, en tanto que en Sonora son mil 100 millones de pesos destinados a 22 municipios, de los cuales, adivinen, siete son encabezados por el PAN.
Ahora queda a la sociedad revisar que en realidad este nuevo esquema del Fondo Minero resulte en beneficio de las comunidades realmente y no vaya a ser solamente un cambio de manos para que todo siga igual: mucho control político y poco bienestar comunitario.
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