El trámite de amparos promovidos supuestamente a favor de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, desató una nueva controversia política y jurídica.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves 18 de septiembre que dichos recursos son parte de una "campaña" para desacreditar tanto al movimiento de la Cuarta Transformación como al propio exmandatario.
"Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo. Tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué", señaló Sheinbaum durante la conferencia matutina.
Además, exigió una investigación para esclarecer cómo una persona logró presentar los documentos en nombre de los hijos de López Obrador sin su consentimiento.
AMPAROS NO TIENEN FIRMA, AFIRMA SHEINBAUM
Los amparos fueron presuntamente presentados por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, aunque el abogado negó haberlo hecho y denunció que su identidad fue suplantada.
Los recursos se presentaron en juzgados de la Ciudad de México, Tabasco y Zacatecas, e incluyeron a otros 12 beneficiarios, entre ellos César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios, Miguel Ángel Solano Ruiz y Diana Heleyn Foullon Gómez, alias "Lady D".
Sin embargo, los documentos carecen de la firma de los promoventes, lo que ha generado serias dudas sobre su autenticidad. Los amparos solicitaban protección contra actos de incomunicación, no localización, privación de la vida y posibles órdenes de aprehensión.
Debido a la naturaleza urgente de los actos reclamados, este tipo de recursos puede obtener la suspensión de plano, es decir, una medida inmediata para evitar daños irreparables.
HIJOS DE AMLO SE DESLINDAN DE AMPAROS
No obstante, Andrés Manuel López Beltrán aseguró que ni él ni su hermano promovieron dichos amparos y calificó el hecho como parte de una "campaña de desprestigio".
La falta de firmas y el desconocimiento de los supuestos beneficiarios han alimentado la versión de un posible montaje con fines políticos.
Expertos legales han destacado que, aunque la ley mexicana contempla la posibilidad de presentar amparos urgentes incluso sin firma, la ausencia de autorización de los implicados plantea un desafío legal que deberá resolverse en tribunales.
El caso no solo involucra la reputación de los hijos del expresidente, sino que también genera un impacto político, pues las acusaciones se relacionan con delitos graves como tráfico de hidrocarburos y delincuencia organizada.
El desenlace de esta controversia será clave para determinar si se trata de una estrategia de defensa legítima o de un montaje con fines políticos.
