Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para mantener los salarios que pagó en 2018, y para que se le permita contratar este año los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada para sus empleados.
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió el viernes pasado la controversia del Inegi para impugnar tanto el tope salarial de 1.6 millones de pesos netos anuales para el presidente de la República, que en automático redujo las percepciones de sus más altos funcionarios, como la reducción de 500 millones de pesos en la petición presupuestal de dicho órgano.
Sin embargo, Pérez Dayán reiteró el criterio que ha mantenido al negar suspensiones solicitadas en controversias similares promovidas por los institutos Nacional Electoral, Federal de Telecomunicaciones y Para la Evaluación de la Educación, así como por las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y Federal de Competencia Económica.
"El artículo 127 de la Constitución ordena que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente, esto es, de suspender las reglas del Presupuesto de Egresos cuestionado, se traduciría en no respetar lo expresamente señalado por la Constitución", afirmó.
El Banco de México es el único órgano al que Pérez Dayán permitió seguir pagando salarios hasta 50 por ciento mayores a los del Ejecutivo, porque esa institución no está sujeta al Presupuesto de Egresos.
En su demanda, el Inegi calificó de "abrupta e injustificada" la baja de salarios, y acusó que la reducción de 4 por ciento en el presupuesto solicitado se aplicó "vulnerando la más esencial garantía de audiencia".
En el tema de los seguros, el Inegi era parte de las pólizas colectivas contratadas por la Secretaría de Hacienda, que el 9 de enero le informó que las dio por terminadas.
