La imagen de una persona detenida con los ojos cubiertos por una barra negra y su apellido sustituido por una "N" no es un simple formalismo mediático en México: es una exigencia legal derivada del principio constitucional de presunción de inocencia.
¿QUÉ ES LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA?
Este principio, establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desarrollado en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), busca proteger la dignidad y los derechos humanos de las personas mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
Esta práctica tiene su origen en la reforma al sistema de justicia penal de 2008, que transformó el modelo inquisitorio anterior, caracterizado por detenciones arbitrarias y condenas mediáticas, hacia un sistema acusatorio y adversarial "mucho más garantista".
En este modelo, se prohíbe la exposición pública del nombre o imagen de quien ha sido detenido, pues aún no se ha probado su culpabilidad ante la ley.
De ahí proviene el uso de la "N" tras el primer nombre del imputado (por ejemplo, "Juan ´N´"), así como la censura visual en fotografías oficiales. Estas medidas buscan impedir que la opinión pública prejuzgue al acusado y que los medios de comunicación lo condenen antes que un tribunal.
¿QUÉ SANCIÓN HAY PARA QUIENES DIFUNDAN NOMBRES O IMÁGENES COMPLETAS?
Sin embargo, en la práctica, el cumplimiento de esta norma enfrenta desafíos importantes, pues no existe una sanción penal específica para quienes difundan nombres o imágenes completas, aunque la persona afectada puede recurrir a una demanda por daño moral si demuestra afectación a su reputación o vida profesional.
Casos recientes, como la difusión del nombre del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en Estados Unidos, han reavivado el debate sobre los límites del anonimato. En ese contexto, el investigador explica que la territorialidad de la ley permite a otros países publicar los datos completos si su legislación lo autoriza, lo que escapa al control del marco legal mexicano.
Más allá de los tecnicismos, el principio sigue siendo claro: nadie debe ser tratado como culpable hasta que un juez lo determine. No se trata de ocultar la verdad, sino de preservar el derecho de toda persona a un juicio justo.
En palabras del académico: "Hay que generar conciencia pública. Si una norma protege los derechos de los presuntos responsables, es obligación de todos respetarla".
Así, la barra negra y la letra "N" no son simples símbolos, sino recordatorios visibles de que la justicia debe actuar con prudencia, respeto y humanidad, incluso antes de dictar sentencia.
