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Piden detener a quienes torturaron a Lydia Cacho

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Por ello, exigió que, desde los más altos niveles de Gobierno, empezando por el Ejecutivo Federal, se garantice la seguridad a periodistas y se reconozca la importancia de su labor en la vida democrática del país.

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Planteó que el reciente allanamiento a la casa de Cacho Ribeiro revela que lo ocurrido en 2005, tras la publicación del libro “Los demonios del Edén”, sigue vigente porque no hay sanciones ni justicia.

“El allanamiento a su casa, que entraran y envenenaran a sus perras guardianas y tomaran su ropa interior es una muestra de intimidación y amedrentamiento que busca acallarla, mandarle un mensaje claro de que ahí siguen y la siguen observando”, dijo a Notimex.

En abril pasado, un tribunal giró órdenes de aprehensión contra el ex gobernador de Puebla, Mario Marín; el ex subprocurador de esa Entidad, Hugo Adolfo Karam, y el empresario Kamel Nacif, por su probable responsabilidad en la aprehensión y tortura de la periodista en represalia a la referida publicación.

“Desde el artículo 19 hemos exigido a la Secretaría de Gobernación protección integral para Lydia, su familia y abogados y que se ejecuten las órdenes de aprehensión que están pendientes desde abril”, subrayó.

En el marco de su participación en la tercera mesa técnica de Parlamento Abierto para la dictaminación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sentenció que no habrá protección que alcance mientras se carezca de sanciones para los perpetradores de violencia contra los periodistas e independencia en la investigación de los casos.

“Esto es algo que como sociedad no nos podemos permitir. Catorce años después de las agresiones contra Lydia Cacho se siguen repitiendo estas agresiones y aumentando de manera vertiginosa”.

Ruelas aseguró que tan sólo el sexenio pasado fueron asesinados 48 periodistas, lo que refleja que “se carece de las medidas eficaces y de voluntad política para integrar una estrategia de Estado coordinada desde los niveles municipales hasta los federales que garanticen la seguridad de los periodistas”.

Al referirse al Parlamento Abierto para la dictaminación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, enfatizó que ninguna ley garantizará cambios al respecto “porque hoy en México existen muy buenas leyes, pero falta voluntad para implementarlas”.


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