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México cumplirá sentencia Internacional: Encinas

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Lo anterior, luego de que la sentencia de la CorteIDH sobre el “Caso Mujeres Víc­timas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México”, deter­minó la responsabilidad del Estado mexicano por graves violaciones a derechos huma­nos cometidas por policías es­tatales contra las 11 mujeres que sufrieron detenciones ar­bitrarias, tortura física, psi­cológica y sexual, además de falta de acceso a la justicia.

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“El subsecretario de De­rechos Humanos, Población y Migración Encinas se com­prometió al cumplimiento ca­bal de la sentencia, por lo que a partir de hoy vamos a tener una mesa con las diferentes instituciones responsables de la implementación de cada uno de los puntos”, expresó Méndez Moreno.

Durante el proceso en la CorteIDH, el Estado mexi­cano aceptó su responsabili­dad por el uso de la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura contra las mujeres.

En entrevista, señaló que se recalcó a las autoridades presentes en la reunión que “nos interesa mucho el tema de justicia, que es una priori­dad para nosotras y que cada una de las medidas sean re­paratorias. Algo que no es­tamos dispuestas a ceder es que se vuelva a revictimizar o que se vuelvan hacer se­ñalamientos sobre nuestras personas y familias”, acotó.

Acompañada por el grupo de mujeres dijo: “Ahora mira­mos la disposición del Estado para comenzar la instalación de las mesas. Vemos dispo­sición, vamos a ver si en el área de los hechos se logra el cumplimiento cabal de la sentencia”.

Recordó que la sentencia marca algunos plazos, e in­sistió que uno de los temas más relevantes es el acceso a la justicia, que tiene que ver con fijar las responsabilida­des en los diferentes niveles de Gobierno y, sobre todo, la investigación de la cadena de mando que se llevó a cabo el 3 y 4 de mayo, hace casi 13 años.

Interrogada sobre las ga­rantías de que se realizará una investigación en todos los niveles, indicó que esa es su apuesta, además de que ésta se amplíe y se “mire, no solamente a los responsables materiales, sino a la cadena de mando”.

Stephanie Erin Brewer, coordinadora del Área In­ternacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, precisó que la sentencia ordena la creación de un observatorio, con participación de sociedad civil y especialistas, para su­pervisar los mecanismos de control de las fuerzas de se­guridad federal y mexiquen­ses.


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