Los documentos clasificados del Conacyt
Información sobre fondos para seguridad pública hasta documentación sobre alimentos genéticamente modificados ha sido clasificada por el Conacyt durante esta década.
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha clasificado 159 documentos entre 2012 y 2017, imponiendo reservas de hasta 12 años para que el público pueda acceder a información relacionada con el uso de los fondos públicos, o sobre investigaciones relacionadas con seguridad pública o seguridad alimentaria.
Argumentando –en muchos casos– que se trata de información que pone en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad del país, los miembros de los comités de transparencia del Conacyt, activos durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, denegaron el acceso ciudadano a documentación resultada de labores de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores de México (SNI).
Los comités de los sexenios pasados evaluaban las solicitudes de transparencia interpuestas por ciudadanos, y justificaban la negativa de acceso a la información o su clasificación temporal, utilizando el mismo argumento jurídico:
"La divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla".
Este recurso de impedimento de acceso a la información es conocido como la prueba de daño, prevista en el artículo 101 de la Ley General de Transparencia. Sin embargo, la aplicación de este uso debe ser la excepción, y no la regla, aplicándose por lo regular a temas como la seguridad nacional, y la protección de la vida, o la salud de las personas, así como con los secretos bancarios, los expedientes judiciales o resoluciones administrativas que aún no se hayan resuelto.
LOS TEMAS PROHIBIDOS
De acuerdo con los listados de resoluciones de reserva de acceso la información consultados por HuffPost México, el Comité de Transparencia del Conacyt reservó durante 2016 el contenido de tres solicitudes relacionados con el Informe de vigilancia de soya genéticamente modificada en el estado de Campeche, 2016, interpuesto a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.
Ese mismo año reservó, argumentando a la preservación de la seguridad nacional, información relacionada con el Fondo Sectorial CONACYT - SEGOB - CNS para la Seguridad Pública.
Ese año, el gobierno federal destinó 9.1 millones de pesos a dos proyectos de seguridad: el 277978, descrito solamente como "ciberseguridad", y el 277979, descrito como "herramientas para investigación".
En 2016 el Comité puso en reserva entre tres y cinco años, documentos concernientes a la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación, que contenían información sobre los fondos públicos provenientes del Conacyt, para las secretarías de Gobernación, de Energía, y de Economía, así como los destinados a dependencias como la Comisión Federal de Electricidad, y la Comisión Nacional Forestal, entre otras.
La Unidad de Asuntos Jurídicos también solicitó, y le fue aprobada, la reserva por media década de expedientes relacionado s con juicios mercantiles, civiles, de amparo, nulidad y laborales, así como la relacionada con una averiguación previa en la que se había visto inmiscuido el Conacyt.
Algunas reservas, como la relacionada con expedientes de planeación, información, evaluación y políticas del Fondo Sectorial del Conacyt y la Secretaría de Energía Hidrocarburos, han logrado ser reservados por periodos de hasta 12 años, y no podrán serán desclasificados hasta el próximo sexenio.
