La orden, implementada por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) a finales de 2018, niega a los solicitantes de asilo el ingreso a Estados Unidos, con el objetivo de disuadir a cientos de migrantes que huyen de sus países a causa de la violencia y pretenden encontrar refugio en territorio estadunidense.
Los opsoitores a la medida de Trump consideran que viola las normas, al cambiar sin autorización del Congreso una parte de la ley de asilo de 1980.
El juez respondió con la medida a una demanda que presentó en febrero pasado la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), la cual argumentó que la medida afecta el debido proceso migratorio "y coloca en riesgo las vidas de los solicitantes de asilo".
La disposición "hace que sea mucho más difícil para los solicitantes de asilo recibir un reconocimiento justo y significativo", apuntó la ACLU.
La Asociación Estadunidense de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a más de cinco mil 700 miembros en todo el país, también se opone a la decisión, así como al protocolo establecido por el DHS, que altera "el procesamiento de las solicitudes de asilo en la frontera" en perjuicio de la ley estadunidense y el derecho internacional.
