Irregular, 90% de centros de rehabilitación: ONG

En el país, explicaron, hay 3 mil 500 centros de rehabilita­ción, de los cuales sólo 354 son reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

El total de establecimientos, precisaron, albergan a más de 74 mil 400 personas con proble­mas de adiciones, según datos del Instituto Nacional de Esta­dística y Geografía (Inegi).

Usuarios de estos lugares han denunciado violaciones a derechos humanos como golpes, rotura psicológica, aislamiento y vejaciones, advirtieron.

Pineda expuso que las Co­misiones de Derechos Huma­nos en la Ciudad de México, Jalisco y San Luis Potosí han evidenciado problemas de haci­namiento, mala alimentación y trabajo esclavo.

Aunado a esto, a los usua­rios de centros de rehabilitación se les estigmatiza, criminali­za y margina principalmente cuando forman parte de grupos vulnerables como migrantes, sexoservidoras y personas en situación de calle.

Carlos Alberto Zamudio, de la Asociación Mexicana de Re­ducción del Daño (Amreda), cri­ticó que existe una omisión del Estado para brindarle salud a las personas que usan drogas.

“Se justifica que México es un lugar de paso y no de consu­mo, por lo tanto si ven cualquier servicio de salud como IMSS, Issste, Seguro Popular no hay atención en cuestión de proble­mas por consumo de drogas, se deja de lado”, enfatizó.

“Ante la ausencia del Esta­do, la sociedad llenó esos vacíos. Desafortunadamente es una sociedad que no está acompa­ñada, capacitada o supervisada por la autoridad”.

Ángel Salvador Ferrer, coordinador del Programa Pre­vención de la Tortura, de la organización Documenta A.C, aseguró que son pocas las de­nuncias contra los centros de rehabilitación irregulares y no hay recomendaciones de orga­nismos de derechos humanos por el mal servicio que pres­tan.

“El panorama es muy des­alentador, pero no podría decir el número de quejas exactas que existen”, expresó.

Los activistas difundie­ron esta problemática al pre­sentar el video “Consumo de drogas: alerta de salud en ciudades fronterizas”, en el que hablan del consumo de enervantes y alternativas de atención en Mexicali, Baja California y San Luis Río Co­lorado, Sonora.