Inegi en rebelión

Ya se sabe todo aquello de la austeridad republicana y el combate a la corrupción.

Y tienen razón aquellos que consideran grave que desde algunas instituciones se han desviado recursos y se ha beneficiado a unos cuantos de los integrantes de los grupos en el poder.

Pero no se vale medir con el mismo rasero a todos. Sobre todo cuando se trata de organismos cuya función es importante para la toma de decisiones, como el caso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un órgano constitucional autónomo.

Algunos dirán que solamente se trata de una institución que cuenta las casas, los hospitales, entre otros temas, pero la verdad la labor de Inegi es trascendental para la buena marcha del país pues sin la información que recaba, como por ejemplo durante los censos, no se podrían tomar adecuadas decisiones para el país.

En un comunicado, el Inegi declara que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional que lleva en primer lugar la finalidad de defender la autonomía que le fue otorgada por la Constitución.

Ya en específico, la demanda puntualiza su por qué: “El establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción del monto total de su presupuesto en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción. Ello impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado.

Además: “La aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional y la aprobación de los tabuladores para el personal del Inegi en el Presupuesto de Egresos 2019, porque adolecen de definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de los servidores públicos del Inegi, en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica”.

Los directivos del Inegi dicen en sus justificaciones que lo que se busca es garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de las facultades otorgadas y derivadas de su autonomía presupuestal.

La intención es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante de la Constitución, delimite el ámbito de aplicación de las normas y actos mencionados en la demanda, con relación a la autonomía del Instituto.

Pero también sostuvieron que ellos avalan y reconocen la voluntad del Gobierno Federal, así como de la Cámara de Diputados, de aplicar una política de austeridad y disciplina en el gasto público que permita un mejor uso de los recursos públicos, principios que están vigentes en el actuar cotidiano de este Instituto.

“El Inegi también es respetuoso del marco constitucional y de las disposiciones legales vigentes. En consecuencia, está aplicando lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y acatará la determinación que en su momento emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Vistas así las cosas, las autoridades federales tendrán que analizar bien su actuación frente a esta y otras dependencias que pudieran parecer poco importantes, pero que en el fondo sus tareas dan cuerpo y vida a la permanencia de las instituciones y el país mismo.