En un documento emitido a la autoridad, más de 48 organizaciones, como Artículo 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC, Borde Jurídico y Causa en Común AC, entre otras, señalaron que la cancelación de la Empol promueve la invisibilización al no permitir contar con información y datos actualizados sobre la situación.
Por lo que podría ser posibles vulneraciones a los derechos y las causas en las detenciones que realiza el Ejército, la Marina, Policías Federal y Municipales y el actuar de ministerios públicos.
El presupuesto del Inegi inicialmente solicitado para este año era de 17 mil millones de pesos; sin embargo, el Congreso finalmente aprobó un monto por 12 mil 129 millones, lo que significó un ajuste de 4 mil 800 millones de pesos.