La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene en la mira a 50 empresas involucradas en la trama de desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, conocida como Estafa Maestra.
"Me parece que se trata de un ejercicio de derecho de acceso a la información pública, hay que recordar que muchos tribunales constitucionales en el mundo, incluyendo la Suprema Corte en México, ha señalado que el derecho al honor, a la vida privada de los servidores públicos, es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción", consideró.
"Hay que recordar que la propia legislación establece en materia de transparencia y acceso a la información pública que en los casos de corrupción no puede decretarse la reserva de ley y tienen que ser del conocimiento público".
Santiago Nieto, titular de la UIF, precisó que aún no se procede al congelamiento de ninguna cuenta.
Nieto minimizó el reclamo de Robles de que se violó el debido proceso tras darse a conocer que fue citada a declarar para ser imputada en el caso.
El funcionario dijo que la ley no ampara la secrecía cuando se trata de casos de corrupción.
"Me parece que se trata de un ejercicio de derecho de acceso a la información pública, hay que recordar que muchos tribunales constitucionales en el mundo, incluyendo la Suprema Corte en México, ha señalado que el derecho al honor, a la vida privada de los servidores públicos, es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción", consideró.
"Hay que recordar que la propia legislación establece en materia de transparencia y acceso a la información pública que en los casos de corrupción no puede decretarse la reserva de ley y tienen que ser del conocimiento público".
