Con ello, el fundador del Cártel de Guadalajara impidió, por segunda ocasión, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre el amparo que promovió y con el cual pretende evitar su extradición.
El pasado lunes 25 el ministro, Luis María Aguilar, presentó un proyecto que pretendía declarar la legalidad del hecho impugnado por Caro Quintero y devolverlo sobreseído al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
Un día después, tras la divulgación de la propuesta, los abogados del capo interpusieron el recurso ante el Alto Tribunal, quien aceptó el documento y turnó el caso al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Se trata de la segunda maniobra judicial, ya que, en noviembre de 2016, Caro Quintero reclamó al ahora presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el proyecto de sentencia con el que pretendía negarle privilegios judiciales y lograr su extradición.
El amparo de Caro Quintero que ambos ministros no han podido impugnar se centra en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, sobre el cual el narcotraficante asegura que es inconstitucional porque va en contra del artículo 23 de la Constitución Mexicana y del artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En agosto de 2013, el Primer Tribunal Colegiado de Guadalajara le otorgó un amparo y ordenó la libertad de Rafael Caro Quintero, tras 28 años de cárcel, al estimar que fue juzgado en forma indebida por el crimen del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en febrero de 1985.
No obstante, dos años después el amparo le fue revocado al narcotraficante y un juez federal emitió una nueva orden de aprehensión en su contra.
El 16 de enero de 2015 fue declarado culpable del homicidio de Camarena, por un tribunal federal. Actualmente Caro Quintero se encuentra prófugo de la justicia.
