Por: Eduardo Sánchez
La reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos que alista la Cámara de Diputados propone darle al director general más control sobre la empresa productiva y sus subsidiarias.
De acuerdo con el proyecto de dictamen de la Comisión de Energía, se pretende establecer un marco jurídico que garantice que el Ejecutivo federal, a través del titular de Pemex, dirija, ejecute, administre y opere de manera integral para cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación “que mandata el interés nacional”.
Estas modificaciones implican aligerar las facultades del Consejo de Administración, pues el director tendrá la encomienda de llevar la conducción central y estratégica de Pemex, sus filiales y cualquier empresa en la que tenga capital accionario.
Además, el titular podrá nombrar y remover a directivos, así como establecer lineamientos relacionados con tabuladores y recursos humanos, facultades que actualmente recaen sobre el Consejo de Administración.
También, fijar las políticas y bases generales para determinar el factor de rentabilidad con base en la cual Pemex y sus empresas participarán en concursos para adjudicación de contratos en exploración y extracción de hidrocarburos.
En tanto, el Consejo de Administración podrá ejercer sus facultades sólo “a propuesta del director general”.
Entre las atribuciones que deberán pasar por dicho aval están aprobar, revisar y actualizar el plan de negocios de Pemex; fijar y ajustar los precios de los bienes y servicios que produzca o preste la petrolera y aprobar las políticas relacionadas con inversiones.
BUSCAN MEJORAR EL CONTROL EN PEMEX
A propuesta de Morena, la Cámara de Diputados propone cambiar en la ley la toma de decisiones en la petrolera.
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados tiene listo el dictamen para reformar la Ley de Petróleos Mexicanos, cuya iniciativa presentó Morena en enero, que busca que el presidente Andrés Manuel López Obrador tome el control de la empresa productiva del Estado por medio del director general, y eliminar el impedimento para contratos de extracción y exploración con terceros.
