Hay por ahí un dicho que alude a que "no es lo mismo Juan Domínguez que su hermano Belisario".
Y esa frase bien pueden los integrantes de los ejidos La Aduana, Tetajiosa, Agua Caliente, Choquincahui, Baboyahui, Huirocoba y la comunidad de Minas Nuevas, en Álamos, dedicarla a los funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Habrá que explicar que esas comunidades se encuentran enclavadas, es cierto, en el Área Natural Protegida Sierra de Álamos y Río Cuchujaqui, pero son personas que necesitan trabajar para poder llevar el sustento a sus familias.
En tal sentido, desde hace algún tiempo ellos se han dedicado a actividades mineras e incluso han permitido que una empresa del ramo realice trabajos de exploración en sus suelos, pero apegados a un Programa de Manejo y con los debidos permisos de las autoridades correspondientes, en este caso la Semarnat.
Sin embargo, desde hace buen rato la ecóloga Elvira Rojero, responsable de la Conanp en Álamos, los ha estado hostigando y no los quiere dejar trabajar, sin pensar que en las áreas naturales protegidas sí se puede trabajar, siempre y cuando haya permisos y se cumpla con el Plan de Manejo autorizado.
Es tanto el acoso, dicen los ejidatarios, que un día los sancionó porque uno de los ejidatarios realizó sus necesidades físicas en su propio terreno. Imagínense si la funcionaria llegara a observar cómo el ganado domesticado o los animales salvajes incurren en esa práctica a cada rato, sea o no una zona ecológicamente protegida.
Las denuncias de la Conanp han llegado a la Semarnat y los inspectores han acudido a las áreas donde operan los mineros, pero encuentran que todo está en regla y que las observaciones de Rojero rayan en lo exagerado.
En febrero pasado, dicen los ejidatarios, acudieron a la capital del país para exponer sus inquietudes, pero mediante la represión, extorsión y chantaje de la funcionaria, es hora de que no pueden auto regularse y administrar su propia tierra, sin injerencias hostiles, corruptas e ilegales, que en Sonora son encabezadas por las mismas autoridades que en teoría, deberían dar muestras de respeto a las leyes.
El problema de los ejidatarios asemeja a las prohibiciones impuestas en la zona del Alto Golfo de California, que por tratar de conservar a la vaquita marina y proteger la totoaba, impiden a los pescadores trabajar formalmente y muchos de ellos han tenido que recurrir a estrategias nada legales para seguir la captura de peces y adquirir el sustento familiar cotidiano.
Si bien es cierto que se debe proteger a la naturaleza, al medio ambiente, también lo es que los seres humanos deben contar con las facilidades para trabajar y no se les puede condenar a la miseria o la hambruna solamente por estar enclavados en una zona natural protegida.
Hay formas de convivir con la naturaleza sin dañarlas y eso lo saben los campesinos, pero las autoridades no deben caer en la irresponsabilidad de detener las actividades económicas de la región si antes no revisan los planes de manejo con que se cuenta.
Es mejor ponerse de acuerdo sobre la manera de trabajar responsablemente que andar peleando constantemente por situaciones que pueden arreglarse mediante el diálogo.
De otro modo, una postura cerrada de parte de las autoridades se presta a malos entendidos, como se ha hecho común, que para poder avanzar en algo de manera más acelerada, debe entregarse la clásica "mordida" que denigra al que la pide como al que la acepta.
Y en Sonora no estamos para esos jueguitos perversos.
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