Empresarios mexicanos acusados en EE.UU. por sobornos millonarios a Pemex

La Fiscalía General de la República informó el cateo en el domicilio de uno de los implicados

Los acusados habrían entregado efectivo, joyas y otras cosas a cambio de contratos millonarios.
Los acusados habrían entregado efectivo, joyas y otras cosas a cambio de contratos millonarios.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó cargos formales contra los empresarios Mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, acusados de haber sobornado a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2019 y 2021 para obtener contratos millonarios, según información citada por El Universal. 

Ambos sujetos, residentes legales en Texas, habrían pagado hasta 150 mil dólares en efectivo y artículos de lujo, incluyendo productos de las marcas Louis Vuitton y Hublot, a al menos tres funcionarios de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).

Estas acciones, según documentos judiciales, habrían beneficiado a empresas vinculadas a Rovirosa con contratos por al menos 2.5 millones de dólares.

Además, se señala que Rovirosa podría tener vínculos con miembros de cárteles mexicanos, lo que agrava la acusación por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). En caso de ser declarados culpables, ambos empresarios enfrentan hasta cinco años de prisión por cada uno de los cuatro cargos.

REALIZAN CATEO EN CASA DE UNO DE ELLOS

En paralelo a la investigación estadounidense, El Universal reportó que la madrugada de este lunes la Fiscalía General de la República (FGR) cateó una propiedad en la zona exclusiva "Lomas del Castillo" en Campeche, vinculada a Mario "Á", ex candidato panista al gobierno del estado.

Durante el operativo, que duró cerca de dos horas, se confiscaron bolsas con documentos y objetos relevantes para la investigación.

Este caso se suma a las recientes sentencias en México contra cinco exfuncionarios de Pemex, quienes recibieron condenas de entre 12 y 31 años de prisión por actos de corrupción dentro de la misma paraestatal.