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Cuba: otro mundo





"La "patria nueva" sería construida a través de políticas so­ciales de inclusión para los pobres y los desfavorecidos, cualquiera que fuera su color. El racismo era concebido como un subproducto de la es­tratificación clasista de la sociedad y desaparecería con el tiempo.

"Esa estructura garantizaba, además, que la distribución del ingreso se realizara dentro de márgenes muy estrechos, pues en la década de los ochenta las diferencias salariales máximas en el sector estatal eran de 4,5 a 1. El Estado garantizaba, además, el acceso igualitario y libre a la educación, a niveles básicos de nutrición, a un sistema de salud pública que era la envidia del tercer mundo y a opciones culturales diversas. En consecuencia, hacia esa década de 1980 la sociedad cubana había logra­do niveles de igualdad racial sin paralelo en las Américas en áreas tan importantes como la esperanza de vida, la escolaridad, la distribución de empleos o incluso la representación en las estructuras de poder.

"En este sentido, el experimento social cubano constituye un labo­ratorio excepcional para analizar el impacto de las llamadas políticas universales sobre el racismo y la desigualdad racial. ¿Cómo explicar la creación de un sector privado plagado de prácticas discriminatorias a partir de una sociedad igualitaria como la sociedad cubana de los ochenta? ¿Es que los ideales de igualdad e inclusión que guiaron la gestión estatal durante décadas han sido abandonados?"

Los estudiosos del racismo en las Américas han debatido los méri­tos y limitaciones de diversas políticas de justicia racial, incluyendo la acción afirmativa y la utilidad de leyes específicas contra el racismo y la discriminación. El ejemplo estadounidense es frecuentemente men­cionado para destacar los logros y limitaciones de la acción afirmati­va: la creación de una clase media afroamericana, por una parte, pero también el hecho de que dichas políticas no han beneficiado a amplios sectores de la población, aquellos que el sociólogo William Julius Wil­son ha llamado the truly disadvantaged, los "verdaderamente desfa­vorecidos". Es decir, las políticas de acción afirmativa promueven el ascenso social de sus favorecidos, que típicamente logran acceder a los beneficios de la clase media, pero alcanzan a un número relativamente pequeño de personas.

Las políticas sociales del Estado cubano, en cambio, beneficiaron a amplios sectores de la población "cualquiera que fuera su color", pero no lograron acabar con el racismo.

A partir de los años noventa, tras el colapso de la Unión Soviética y del Estado socialista de bienestar, los afrocubanos se han visto obliga­dos a sortear obstáculos racistas que dificultan su acceso al creciente sector privado, que genera los empleos mejor remunerados en la isla. Tan pronto comenzaron a abrirse oportunidades de empleo en ese sec­tor, especialmente en el turismo, las ideologías racistas entraron en acción, argumentando que para trabajar en el turismo era necesaria una "buena presencia", una cualidad supuestamente incompatible con la melanina.

El creciente impacto del racismo es solo explicable si dicha ideología formaba ya parte de la sociedad igualitaria de los ochenta, aunque en un contexto social distinto. La experiencia cubana sugiere que el racis­mo puede coexistir con la igualdad.

Desde los noventa, la sociedad cubana ha experimentado una espe­cie de bifurcación: el sector público continúa operando bajo una lógica igualitaria, como en el pasado, pero ha perdido importancia como fuen­te de movilidad y ascenso social. El creciente sector privado (según cifras oficiales, el 32 por ciento de la fuerza laboral trabaja en el sector no estatal), en cambio, ha generado una estructura ocupacional clara­mente discriminatoria y ha contribuido al crecimiento de las desigual­dades del ingreso según el color de la piel.

Un reporte reciente destaca que mientras el 58 por ciento de los cuba­nos blancos tiene ingresos inferiores a los 3000 dólares anuales, entre los afrocubanos esa proporción alcanza el 95 por ciento. Los afrocuba­nos, además, reciben una porción muy limitada de las remesas familia­res provenientes de la comunidad cubano-americana del sur de Florida, que es mayoritariamente blanca. Hay dos proyectos de país en pugna en el interior de Cuba, pero uno tiene dólares y es blanco; el otro no.

Para enfrentar estas nuevas realidades y barreras ha surgido un vibran­te movimiento afrocubano que demanda políticas efectivas de inclusión desde una variedad de organizaciones cívicas, comunitarias y culturales.

Esas demandas comienzan por la necesidad de imponer prácticas la­borales incluyentes y antidiscriminatorias en el sector privado para que la mano de obra a todos los niveles refleje la composición racial de la población cubana. A diferencia de otros países, en Cuba no es posible ar­gumentar que la población negra carece de la educación necesaria para desempeñar ciertos trabajos. El acceso masivo a la educación es, de he­cho, uno de legados más importantes del proceso revolucionario cubano.

En segundo lugar, las entidades privadas que implementen políticas de admisión basadas en criterios discriminatorios, de matiz racial o de cualquier otra naturaleza, violan la ley y deben ser penalizadas. El Código Penal cubano condena la discriminación racial: lo que falta es aplicarlo.

Finalmente, es necesario desarrollar políticas crediticias que ayuden a contrarrestar la falta de acceso de los afrocubanos a fondos de inver­sión. Los dólares que sustentan la expansión de los negocios privados en la isla, procedentes de la comunidad cubano-americana, eluden a los afrocubanos. El dólar, en Cuba, es blanco. El gobierno cubano no creó esta realidad, pero eso no implica que no pueda hacer nada por cambiarla. En ese empeño, las políticas universales de antaño son de poca utilidad. Ahora es necesario implementar políticas específicas que garanticen la inclusión de los afrocubanos en todos los sectores de la sociedad.