Este miércoles, en Nuevo León, la Comisión de Puntos Constitucionales del Gobierno del Estado aprobó con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, la reforma constitucional que garantiza el derecho a la vida.
Incluso, esta aprobación afecta a quien decida interrumpir su embarazo en los casos donde la vida de la mujer esté en riesgo, o si el producto de la gestación fue provocado por violación, situaciones que eran excepcionales.
Ahora con el dictamen aprobado, se podría criminalizar a la mujer que decida la interrupción del embarazo en dichas excepciones, un retroceso significativo en el avance al reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Ante esta situación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) exhortó al Congreso local para dar un revés a dicho dictamen, el cual contradice tratados internacionales que ha suscrito México, además de criminalizar a las mujeres que decidan sobre su propio cuerpo.
También, el dictamen no solo criminalizaría a las mujeres que, por cualquier razón, decida interrumpir su embarazo; también penalizará a las ciudadanas que usen métodos anticonceptivos que impidan la implantación del óvulo fecundado.
