Tras haber agotado sus instancias legales de apelación o peticiones de clemencia estos condenados hubieran sido los próximos en ser ejecutados cuando, como se esperaba, fuese aprobado un nuevo protocolo para utilizar la inyección letal, suspendida desde 2006 a causa de una querella legal.
Alegando, entre otros aspectos, que la pena de muerte discrimina a los enfermos mentales, a las personas de color y a aquellos que no pueden pagar "una representación legal costosa", Newsom anunció el pasado miércoles una suspensión de las ejecuciones, y con su decisión puso a California junto a Colorado, Oregón y Pensilvania como los estados del país en establecer una moratoria.
"Estos 25 condenados a pena de muerte ya no tenían recursos legales para tratar de revocar la decisión o dilatar su aplicación", explicó a Efe Albert Gómez, experto en derecho criminal del sur de California, sobre este grupo, de un total de 737 que esperaban la ejecución en el corredor de la muerte.
