País de impunidad

Después de que en todo ese lapso ninguna autoridad ha podido responder a sus reclamos, ha tenido que recurrir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que pueda investigar sobre las desapariciones de personas en México.

Luis Tapia, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), expuso que Jesús Salvador y Raúl, hijos de Herrera, viajaron a Oaxaca en agosto de 2008 con la venta de piezas de oro y al regresar pasaron por Atoyac, Guerrero.

Para su mala suerte, señala, varios grupos delincuenciales tuvieron enfrentamientos ese día y desde entonces no han sabido de ellos, ni de sus otros hijos María, Gustavo y Luis Armando, que en 2010 viajaron a Veracruz y en la carretera encontraron un retén militar, luego de lo cual “desaparecieron”.

“Pasan los años y nos damos cuenta que las autoridades nacionales han fallado porque al día de hoy no se sabe el paradero de sus hijos. En 2018, la señora María Herrera promovió un amparo con la intención de que el Poder Judicial obligara al Ejecutivo a reconocer la participación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, ahora el Tribunal Colegiado de la CDMX ha remitido el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explica Tapia.

Con ello se busca revelar que las autoridades mexicanas se mantienen omisas a la participación de la competencia del Comité de las Naciones Unidas.

“La participación del Comité se ha pedido desde el sexenio de Felipe Calderón, en el de Peña Nieto y en la actual administración de López Obrador y seguimos teniendo la misma respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores que es que el Estado mexicano lleva ya 10 años escudándose con el argumento de que lo están consultando para ver si se acepta o no la competencia.

“Esto es grave: aplazar o negar la intervención solo mostraría que la política exterior no está siendo dirigida y conducida bajo una lógica de derechos humanos”, sentencia Tapia.

Al dolor de la pérdida de familiares, muchos ciudadanos añaden el viacrucis de las instituciones políticas y policiacas de este país.

De un lado remiten a otro y al final ninguna autoridad hace algo, ya sea por temor o por complicidad y así el país se ha llenado de tumbas clandestinas y de un dolor aderezado con la frustración de ver a las víctimas de la delincuencia o de los cuerpos militares y policiacos sin esperanza alguna.

De hecho, el pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la cancillería a aceptar al Comité de la ONU.

Es momento que la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón, no ha trabajado en este tema.

Así, la impunidad y la irritación popular van creciendo paralelamente.

Ojalá alguien las detenga a tiempo.

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