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La aniquilación continúa



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Mientras circulaban de regreso hacia sus comunidades, donde luchaban por la autonomía y hacían frente a los grupos criminales con los que se han coludido todos los poderes del Estado, fueron alcanzados por un par de camionetas. Así fue como llegaron al bulevar Eucaria Apreza: siendo perseguidos por los sicarios que, poco después, abrieron fuego y los asesinaron en Chilapa. Su delito, el que los puso ante la muerte, fue el siguiente: plantar cara a la siembra de la amapola, negocio en el que se ha obligado, por medio del terror, la violencia y el abandono del Gobierno, a participar a cientos de miles de personas en el campo mexicano.

La amapola, que llegó a Sinaloa en los barcos que venían de China, viajó desde el norte de nuestro país hasta Guerrero en 1968. A partir de entonces, esa flor, originaria de Asia Central, fue comiéndose las hectáreas en las que antes se sembraban, fundamentalmente, los cuatro componentes de la milpa: maíz, frijol, calabaza y chile. Durante los siguientes 50 años, su cultivo, regado por las balas de los cárteles, por la corrupción de los poderes civiles y militares y por la sangre de quienes se le oponían, sustituyó muchos otros plantíos y creció de tal forma que hoy, según datos de la ONU, Guerrero le disputa a Afganistán ser el primer productor mundial de amapola, con cerca de 16 mil hectáreas cultivadas, así como con mil cuatrocientas comunidades dependientes de un negocio cuyos precios, para colmo, han caído abruptamente durante los últimos dos años: como los maquiladores, los amapoleros empiezan a retirarse, dejando tras de sí miles de campesinos pauperizados.

El lunes 10 de junio de 2019, José Luis Álvarez Flores, quien había logrado algo sorprendente, conseguir que una parte de la selva del sur de Tabasco fuera declarada santuario del mono saraguato, asistió a una reunión de trabajo en el norte de Chiapas. Tras aquella reunión, en la que se discutieron diversas estrategias de defensa y conservación de los bosques y las selvas mexicanas, Álvarez Flores decidió adelantar su regreso a casa. Una hora después, sin embargo, el ambientalista tabasqueño fue sorprendido en mitad de un páramo y asesinado de cinco balazos. Su cuerpo fue encontrado en el Ejido Calatrava del Municipio de Palenque, junto con varias amenazas: unas estaban dirigidas contra su familia, otras contra el resto de los miembros de la Unidad de Manejo Ambiental de Tabasco. Días antes, Álvarez Flores había denunciado que, en las cerca de 350 hectáreas de las que se encargaba, no sólo debía hacer frente a traficantes de maderas preciosas, cazadores furtivos y narcos, también debía enfrentar la extracción ilegal de arenas del Río Usumacinta. Su delito, el que lo llevó ante la muerte, fue plantar cara al último cártel de nuestro país, el arenero, y hacerlo, para colmo, esperando la protección de un gobierno que ha decidido ahorrar en temas como este: salvaguardar la vida de sus ciudadanos en peligro evidente y declarado.

Durante los últimos cinco años, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente tuvo conocimiento de 104 casos de explotación ilegal de arena en nuestro país, todos los cuales arrasaron territorios, ejidos, comunidades, zonas protegidas y ecosistemas enteros. Convertida en el segundo recurso natural de mayor demanda en nuestro planeta, según el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, el consumo mundial de arena es de 42 mil millones de toneladas: ocho veces mayor que el consumo de hidrocarburos. Ahora bien, como con los hidrocarburos, entre las arenas hay clases. Y las de mejor calidad, las que mayor demanda tienen en la industria de la construcción, en la del turismo y en la de la belleza, siempre a consecuencia de su composición silica cuarzosa, se encuentran en los lechos de los ríos y de los lagos, así como en el fondo de los manglares y en las zonas costeras.