Energía solar, piedra en el zapato de la política energética
Las inconsistencias y los fraudes cobran mayor evidencia en momentos de crisis
Si se ocupara una prueba demoledora de que la energía solar y otras como la eólica –por su condición intermitente y baja densidad energética- están muy lejos de representar una alternativa para los requerimientos presentes y futuros del crecimiento económico de las naciones, esa prueba empírica ha ocurrido y en forma dramática. Algunos países europeos caminaron con cautela en su adhesión a la demanda de los “Acuerdo de París” (2015), que exigían cuotas absurdas de reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, supuesto generador del cambio climático.
Pero el país que representa el corazón industrial de Europa, Alemania, se fue de bruces. Puso en marcha un programa de cierre de su fuente de mayor densidad de flujo energético: sus reactores nucleares. En menos de dos décadas clausuraron 22 plantas nucleoeléctricas y solo les quedan en operación seis. Su vuelco propiciatorio a las elites financieras que empujan el “gran salto para atrás”, con la imposición del llamado “reseteo de la economía”, tiene ahora a la nación tedesca colgada de un hilo. En la apuesta a la energía solar y eólica, terminaron subordinando a la economía alemana a los suministros externos de gas, como su única fuente de respaldo para cubrir el gran hueco que dejan las energías intermitentes.
Las inconsistencias y los fraudes cobran mayor evidencia en momentos de crisis. El conflicto militar en Europa del este, ha descubierto la gran vulnerabilidad energética del continente europeo y el desacierto que colinda con lo descabellado, en el caso de Alemania, de haberle dado la espalda a la energía nuclear. Ahora les espera el castigo de un invierno negro y costos de la energía literalmente insoportables. Hay en este drama una lección para el mundo: es imposible darle sustentabilidad a la población existente en el planeta, usando grandes abanicos, como los molinos de viento de la edad media. A menos que declinemos frente a la bestial ideología malthusiana y admitamos una poda de millones de seres humanos. Lo que algunos sociópatas llaman el alivio a la “sobrecarga poblacional”.
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Ante estas evidencias, es importante que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), haya acotado el despliegue de los intereses corporativos que vestidos de verde, habían venido tomando control del mercado eléctrico nacional, colgándole a la paraestatal los costos de porteo (trasmisión) de la energía, así como los costos de la cobertura de respaldo a su condición intermitente. Llevaban una ruta dirigida a lograr una capacidad instalada que marginaría a la CFE, con la ambición de apoderarse del mercado nacional, propiciar una crisis energética y hacer el gran negocio especulativo con los precios disparados de la energía.
Hace unos días, el director general del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Ricardo Octavio Mota Palomino, dijo que la reforma energética impulsada por el gobierno anterior, con su holgura frente a los generadores privados, propició un desorden al otorgar permisos de generación, sin ningún esfuerzo de planeación, lo cual tiende a fragmentar la red nacional de distribución, porque se crea una sobreoferta debido al otorgamiento indiscriminado de autorizaciones para generar energía.
En un tiempo relativamente corto, el país se pobló con cerca de 200 proyectos de generación intermitente, esto es solar y eólica, e indiscriminadamente, denuncia Mota Palomino, se abrieron circuitos de transmisión generando tropiezos en la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Recordó que en diciembre de 2019 la conexión de la planta eólica San Carlos en Tamaulipas, colapsó las líneas de 400 KW y provocó un apagón en la tercera parte del país. Un buen ejemplo de que el sistema eléctrico nacional, no puede operar a capricho de los requerimientos de mercado y ganancias de los corporativos privados, metidos al negocio de la generación.
La nueva ley en la materia, le permite a la CENACE, contener y regular las conexiones de generadores privados o plantas intermitentes, para mantener la confiabilidad y continuidad en el servicio de energía eléctrica. Aunque esto se contempla como ley, porque la reforma constitucional al respecto no se logró, los corporativos privados mantienen una poderosa presión para tomar mayores espacios en el mercado nacional y usar la infraestructura de transmisión de México, que comprende más de ciento diez mil kilómetros de líneas de alta tensión y cientos de miles de líneas de distribución, como plataforma para exportar energía hacia los Estados Unidos y Centroamérica. Es un modelo de negocios, diseñado para que agentes privados ganen dinero, no para hacer posible o mantener las bondades de lograr una producción de energía más barata para los consumidores.
Pese a las presiones políticas, y el apabullante ambiente mediático que propagandiza las energías intermitentes, la CFE se mantiene a pie firme en la defensa y regulación del mercado nacional. No es una batalla cualquiera, se trata de un frente estratégico, que si se pierde, por ahí se va lo que queda de la economía nacional. Más importante aún, es que la empresa estatal proyecta duplicar la capacidad nuclear de generación de energía eléctrica en los próximos seis años.
Es contradictorio y peligroso, que frente a estas evidencias internacionales y las denuncias de la CFE sobre la condición fraudulenta asociada al impulso de las llamadas “energías limpias”, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mantenga una conducta ambivalente. Admite las evaluaciones y análisis que al respecto hace la dependencia federal, pero luego le abre el espacio y juega con la promoción de los parques solares. El caso más notable es la autorización otorgada a grupos privados, que tienen proyectado instalar en las cercanías del municipio de Puerto Peñasco, al norte del Estado de Sonora, la planta solar más grande de américa latina y la séptima en importancia mundial.
Si el parque eólico de Tamaulipas, le propició un apagón a la tercera parte del territorio nacional, cuando apenas alcanza a producir un 20 por ciento de la energía que proyecta generar el parque solar en Sonora, ¿de qué tamaño podrían ser las afectaciones a la funcionalidad de la red nacional de distribución, si esta planta de mil MW, por sus apremios de ganancia, impone su conexión arbitraria a la red nacional, como lo hizo la de Tamaulipas?
