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Las Plumas

El campo y la discusión del presupuesto

Productores coinciden de que la discusión del presupuesto para el campo del ejercicio fiscal 2024 en el Congreso de la Unión debe ser abierta


El primero de septiembre inicia el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. En las primeras semanas de ese mes le corresponde al presidente de la república presentar la iniciativa de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, y al congreso revisarlo y en su caso aprobarlo antes de que concluya el año en curso.

No se advierte que el gobierno federal vaya a trastocar la lógica de una política de ajuste en el gasto, más bien se anticipa que se profundizará en los recortes, ahora con un mayor apremio, para evitar una crisis fiscal a costa de contraer aún más la economía y cerrar el sexenio virtualmente sin crecimiento económico real.

Uno de los mejores ejemplos de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le sumará seis años más al largo periodo neoliberal que ha padecido la economía nacional, es el cumplimiento irrestricto otorgado al principal dogma de ese modelo: el equilibrio en las finanzas públicas.

Se persigue un equilibrio cero entre ingresos y egresos, cuando la esencia dinámica de un proceso social y económico no es el equilibrio sino el crecimiento, lo cual solo se logra si se establece un margen razonable de déficit en el presupuesto para que el gasto público logre los porcentajes de energía libre que le permitan operar como un factor de arrastre de la economía en general.

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid se entronizó este dogma del equilibrio presupuestal, como guía inviolable y meta fundamental en las finanzas públicas. Lo convirtieron en ley, y desde entonces se naturalizó la política de recortes como una virtud en el manejo del presupuesto.

El gobierno actual lo ha llevado al extremo y lo moraliza con el mote de "austeridad franciscana". El presidente lo vende como una acción hacia dentro de la administración pública y cierra los ojos a la hora de ver las consecuencias físicas y económicas de tales criterios.

Las obras de infraestructura emprendidas por el actual gobierno, como Dos Bocas y el Tren Maya, no debieron quedar comprendidas en el ejercicio de los años fiscales de la administración, sino estimadas con el manejo de un déficit operado en la forma de crédito, sobre estos proyectos y otros que el país necesita. Meterlos en el ejercicio corriente, al mismo tiempo que se admite el dogma del equilibrio presupuestal, terminó por ahorcar las finanzas públicas y castigar con recortes a la salud, a la educación, a la investigación científica y a la producción nacional de alimentos. Bajo tales condiciones lograr la terminación de estas obras serían victorias pírricas.

A la sombra de tales políticas el sector que más ha sufrido es el campo mexicano. Como suelen decir los campesinos, "al perro más flaco se le cargan las pulgas". La producción nacional de alimentos dejó de ser prioridad estratégica durante los últimos treinta años, y durante todo ese tiempo el campo ha venido registrando en términos relativos una disminución constante en las asignaciones presupuestales.

El desprecio presupuestal por el campo creció durante la presente administración, quien redujo su alcance a ciertas regiones del autoconsumo, pero si estimamos la asignación de recursos nominales del 2018 al 2023, el recorte directo al presupuesto del campo superó los 12 mil millones de pesos.

Junto a este recorte se debe considerar el impacto de la inflación sobre la capacidad de las bolsas dispuestas. La inflación promedio en los últimos cinco años está por encima del 6 por ciento, lo que le representó al presupuesto una reducción en la efectividad del ejercicio de más del 30 por ciento.

Por si los efectos del deterioro en las capacidades productivas relacionados al abandono presupuestal no fueran suficientes, el ciclo otoño-invierno del 22- 23 y el primavera-verano del año en curso, relacionados con los cultivos de trigo, maíz y sorgo, han sido fuertemente impactados por la caída en los precios internacionales, frente a lo cual el gobierno decidió que el dios del mercado determine la suerte de las principales regiones graneleras del país.

La caída en los precios de estos cultivos y el incremento exponencial en los costos de los principales insumos para producirlos, advierte una escalada de carteras vencidas de pequeños y medianos productores que operan en las zonas de riego.

Al momento no hay una contabilización del tamaño de estas pérdidas, pero por los anticipos de organizaciones y organismos de productores de Sonora, Sinaloa, Baja California y otros estados de la república, las pérdidas se acercan a los 40 mil millones de pesos.

Productores de más de veinte estados, agrupados en la emergente organización del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), están señalando la gravedad de la situación y previenen sobre la amenaza de una crisis alimentaria, de no ocurrir una corrección urgente y de fondo en las directrices de la política agrícola que ha regido al país en los últimos treinta años.

Coinciden en que la discusión sobre el presupuesto para el campo del ejercicio fiscal 2024, en el Congreso de la Unión, se debe de llevar al formato de Parlamento Abierto, con el propósito de involucrar en esta discusión no solo a los productores, sino también a los investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el futuro alimentario del país.

Un buen signo de que iniciamos un camino de corrección a la desastrosa política alimentaria de las últimas tres décadas, es que se rompa la inercia del abandono presupuestal al campo.

Apremia iniciar un proceso de recuperación sobre el castigo presupuestal que ha sufrido el sector, recobrar las caídas, mejorar el deterioro en la infraestructura hídrica, evitar las carteras vencidas, restablecer la investigación , reconstruir la política de crédito, los sistemas nacionales de almacenaje, la gestión de mayores volúmenes de agua para fortalecer la producción de trigo maíz y sorgo, los precios de garantía y el reposicionamiento de una política alimentaria orientada fundamentalmente al fortalecimiento del mercado nacional, con la meta específica de duplicar la producción nacional de granos básicos que atienda a un mercado de 130 millones de mexicanos.

Estamos en una crisis que obliga a admitir que los presupuestos anteriores para el campo no son el referente adecuado para determinar las necesidades del año entrante. El referente, es la realidad que agrupa todo el proceso acumulado del deterioro y la emergencia reciente ocasionada por la caída en los precios internacionales de los cultivos mencionados.

Iniciar el proceso de recuperación y no permitir las carteras vencidas de los productores, invita a estimar un presupuesto por encima de los 130 mil millones de pesos para el campo mexicano. No hay espacio moral para que los diputados le volteen la cara a la necesaria corrección de una política agrícola que nos encamina a una crisis alimentaria.