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De política y cosas peores

Dos consecuencias, la una política, jurídica la otra, deberán seguir forzosamente a la resolución de la Suprema Corte en el caso de Alejandra Cuevas

El juez le dijo al acusado: "No se comprobó que haya usted cometido el delito de bigamia. Puede irse a su casa". Preguntó el individuo: "¿A cuál de las dos?". El provecto señor bajo acusación de estupro fue puesto en libertad. Su abogado defensor demostró que la evidencia no se sostenía. El atildado caballero le dijo al juez de barrio del pueblo: "Este hombre me robó mi cartera en la calle". Inquirió el juzgador: "¿La encontró usted en poder del acusado?". "No -admitió el otro-. Pero me dio un empellón, y desde entonces me faltó la cartera". "Tenga usted cuidado con sus acusaciones -lo amonestó el letrado-. Por ejemplo, yo no traigo conmigo mi reloj. Al principio pensé que me lo habían robado, pero luego recordé que lo dejé en mi casa, en el cajón central de mi escritorio, bajo el recibo de la luz. No tiene usted pruebas de su acusación.". En seguida le dijo al acusado: "Puede usted irse, buen hombre. Y al estar en un tribunal quítese la cachucha". Cuando por la tarde llegó el juez a su casa buscó su reloj y no lo halló. Le informó su esposa: "Vino un individuo de cachucha. Me dijo que lo habías mandado por tu reloj, y me dio las señas exactas de dónde estaba, por eso se lo entregué". Dos consecuencias, la una política, jurídica la otra, deberán seguir forzosamente a la resolución de la Suprema Corte en el caso de Alejandra Cuevas, ilegalmente presa durante más de 500 días. No sabría yo decir si la determinación que liberó a dicha señora la tomó el máximo tribunal por consigna, por presión de la opinión pública o por estricto cumplimiento del derecho -bajo la presidencia del ministro Zaldívar esa magistratura ha tenido en ocasiones un comportamiento extraño, por no decir poco inspirador de confianza-, pero sea como fuere queda claro que esos dos efectos se deben producir. La primera consecuencia, la política, ha de ser la separación del cargo que indebidamente detenta Alejandro Gertz Manero, cuya inquina contra las mujeres que con su hermano tuvieron cercanía fue origen del evidente abuso que se cometió, y de los turbios manejos que puso en ejercicio para mantener en prisión a una de ellas e intentar llevar a la cárcel a la otra, de 94 años. Si no vemos la renuncia o defenestración de ese mal funcionario ya sabremos sin lugar a dudas que en la mal llamada 4T privan por una parte las violaciones a la ley y por la otra la impunidad sistemática para los favorecidos por el Caudillo. Mal, muy mal harán si cobijan bajo sus alas a quien, de acuerdo con lo decidido por la Corte, fue causa de evidentes ilegalidades, las cuales además procuró mantener usando para eso el poder y la influencia derivados de su cargo. Espero que cuando estas líneas aparezcan ya se haya ido a su casa Gertz Manero. No honra su función. Por lo que hace a la consecuencia jurídica -de esto puedo hablar con mayor conocimiento, pues alguna vez practiqué la abogacía-, ninguna duda cabe de que las víctimas de la persecución desatada por el indigno fiscal sufrieron graves daños de diverso orden que ameritan una pronta y completa reparación económica por parte del Estado, en primer lugar Alejandra, si falta esa reparación tendremos igualmente la evidencia de que no vivimos en un Estado de derecho, sino en uno donde sólo priva la voluntad omnímoda y caprichosa del monarca, que con un rasero mide a sus cortesanos y con otro a los ciudadanos comunes. De cualquier manera, merece aplauso la decisión de quienes devolvieron la libertad a quien, contra toda razón, contra todo derecho y justicia, había sido privada de ella. FIN.

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