La justicia estadounidense dictó este lunes una sentencia histórica contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, al ordenar el pago conjunto de 2 mil 488 millones de dólares por un esquema de corrupción que desvío fondos públicos mexicanos hacia propiedades y cuentas bancarias en el sur de Florida.
La decisión fue pronunciada por la jueza Lisa Walsh, del 11º Circuito Judicial de Florida, quien resolvió sin necesidad de juicio debido a la incomparecencia reiterada de los acusados en el proceso civil iniciado en 2021.
SENTENCIAN A GENARO GARCÍA LUNA Y A SU ESPOSA
De acuerdo con el fallo, García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa enfrentará una sanción aún mayor, por mil 740 millones de dólares, al considerarse que desempeñó un papel clave en el ocultamiento de los recursos.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia que presentó la demanda en representación del gobierno mexicano, el exfuncionario operó entre 2012 y 2018 una red de contratos inflados y comisiones secretas a través de colaboradores para desviar al menos 250 millones de dólares, suma que luego se multiplicó hasta superar los 580 millones.
"Desde al menos el año 2012 y hasta por lo menos 2018, el acusado García Luna y personas que actuaban bajo su dirección... transfirieron esos fondos fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, Florida, con el fin de ocultar los fondos robados", se lee en la moción presentada ante la corte.
EL TRIBUNAL AUTORIZA EMBARGAR BIENES
Con esta sentencia, el tribunal autoriza al gobierno mexicano a confiscar bienes localizados en Florida y en otras jurisdicciones que colaboren con órdenes civiles. Entre los señalados en la demanda también se encuentran los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, quienes aún negocian un acuerdo con la UIF, así como excolaboradores de García Luna que ya han hecho pagos compensatorios, como José Francisco Niembro, quien entregó 330 mil dólares.
Los abogados mexicanos prevén presentar en los próximos días un inventario detallado de bienes y cuentas bancarias para avanzar con las acciones de recuperación. La jueza consideró que el caso se ha prolongado en exceso y urgió a las partes a cerrar los acuerdos pendientes antes de iniciar posibles juicios contra los demás implicados.
Por su parte, la Fiscalía mexicana recordó que Cristina Pereyra enfrenta una orden de aprehensión vigente por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. No obstante, las autoridades reconocen que recuperar la totalidad de los fondos desviados será complicado, ya que varios activos habrían sido triangulados mediante fideicomisos opacos o revendidos a terceros.
Pese a estos obstáculos, el caso marca un precedente relevante sobre la cooperación judicial entre México y Estados Unidos, particularmente con el estado de Florida, en la lucha contra el desvío y lavado de recursos públicos.
