Los trabajadores mexicanos cuentan en sus empleos formales con una serie de prestaciones que les favorecen ampliamente, como el aguinaldo, las vacaciones y, por supuesto, las utilidades.
El reparto de utilidades, al que se conoce también como Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) son otorgadas año y están amparadas por la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Esta prestación aplica a los trabajadores que hayan laborado, por lo menos, 60 días en empresas que tengan más de un año en funcionamiento y/o cuyas utilidades netas fueron de 300 mil pesos o más, de conformidad con su declaración fiscal.
Solo bajo estas dos condiciones los trabajadores podrán recibir reparto de utilidades, aunque hayan salido de la empresa o por contrato de obra terminada.
Además, los patrones están obligados por ley a repartir el 10 por ciento de las utilidades o ganancias del ejercicio fiscal inmediato anterior, por lo que no podrán “hacerse de la vista gorda”, y deberán dividirlo en dos partes iguales.
La primera parte se repartirá por igual entre los empleados, de acuerdo con los días laborados; en tanto, la otra, de acuerdo con los salarios percibidos proporcionalmente, según lo establece el artículo 123 de la LFT.
Por otra parte, de acuerdo con la fracción VIII del artículo 127 de la misma legislación, el monto de la participación de utilidades “tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”.
FECHA LÍMITE PARA EL REPARTO DE UTILIDADES
Ahora sí, entrando en materia de temporalidades, si trabajas para una empresa, el pago de utilidades en 2025 será entre el 1 de abril y el 30 de mayo.
En caso de que labores para una persona física el pago deberá hacerse entre el 1 de mayo y el 29 de junio.
Estos plazos están respaldados por la Ley Federal del Trabajo, y se establece que el pago de las utilidades debe hacerse dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En caso de que los patrones incumplan con esta prestación, podrían hacerse acreedores a una sanción económica por hasta 45 mil pesos.
