Estas pensiones del Issste podrían ser reducidas o eliminadas
La medida la toma el Instituto para evitar que quienes no hayan accedido legalmente a esta prestación sean erradicado del sistema
El sábado 8 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue publicado el aviso para la publicación del acuerdo del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), con el que se procederá a verificar y, en caso dado, modificar o revocar las pensiones que superen lo establecido en la Ley del Issste.
Este comprende las pensiones a personas que laboraron para el Estado, reguladas por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de México.
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El fin es combatir y erradicar aquellas prácticas que no se ajusten a los principios consignados en la Carta Magna y legales del servicio público.
La medida obedece a que se detectaron irregularidades en el acceso a pensiones, con el uso de mecanismos fraudulentos, con beneficios para quienes no cumplen con los requisitos legales.
Por ello, con el acuerdo, el Issste pretende verificar la autenticidad de los papeles entregados para el trámite de la pensión, además de asegurar que las pensiones sean otorgadas de acuerdo con la legislación.
Para lograr el objetivo, es necesaria la colaboración de entidades y dependencias, además de los propios trabajadores, pensionados y demás involucrados, que deberán entregar los datos solicitados para la verificación.
En caso de que se detecten pensiones que hayan sido otorgadas de manera fraudulenta; es decir, fuera de los lineamientos de ley, podrían ser o modificadas o revocadas.
También se podrían iniciar procesos penales contra quienes incurrieron esta práctica a fin de facilitar el acceso a quienes se beneficiaron ilegalmente.
Las pensiones del Instituto, de acuerdo con la Ley del Issste, equivalen a 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que actualmente ascienden a 32 mil 571 pesos.
Con esta medida, el Issste busca que las pensiones se ajusten a las disposiciones legales, además de combatir las irregularidades en el sistema de trabajadores del Estado.
