El Senado de la República ajustó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para ampliar el alcance y rigor de su aplicación.
Con 75 votos en favor, 0 en contra y 37 abstenciones, aprobó ayer en lo general y en lo particular el ordenamiento relacionado con el límite que el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció para que ningún funcionario tenga un salario superior a 108 mil pesos.
El dictamen aprobado ayer, se elaboró para actualizar términos y criterios de la ley aprobada el año pasado.
Entre los cambios está la ampliación de sujetos obligados por la ley que se contempla en el artículo 1.
"Los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos dotados de autonomía, las empresas productivas del Estado y cualquier otro/ente público federal", indica la enmienda aprobada en el Pleno.
Otro criterio que se compactó fue el de las remuneraciones ajenas al presupuesto.
"No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente", señala la nueva versión.
La bancada del PAN y otros legisladores decidieron abstenerse, tras alegar que el asunto es revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"Es de suma importancia que este Senado de la República envíe un mensaje de absoluto respeto a la independencia de la función jurisdiccional que nuestra Suprema Corte está realizando al respecto. Así como esta soberanía tiene sus propios tiempos y momentos para el desarrollo de sus actividades legislativas, asimismo sucede con el máximo tribunal del país", argumentó la senadora Minerva Hernández.
Con el dictamen aprobado se establece, además, que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados será el responsable de emitir una opinión anual sobre las remuneraciones y los cargos clasificados como técnicos especializados con la opinión de, al menos, tres universidades nacionales.
Como resultado de la reforma constitucional de enero de 2016, armoniza la referencia a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en vez de salario mínimo. También, la legislación relativa a los delitos de corrupción por el pago y recibo indebido de remuneraciones.
El Senado también aprobó un dictamen con el que se reforma la Ley de Instituciones de Crédito en materia de garantía de audiencia a personas incluidas en la lista de personas bloqueadas.
