Ajustan en Senado Ley sobre Salarios

Por: Eduardo Sánchez

El Senado de la Repú­blica ajustó la Ley Federal de Remune­raciones de los Ser­vidores Públicos para ampliar el alcance y rigor de su aplica­ción.



Con 75 votos en favor, 0 en contra y 37 abstenciones, aprobó ayer en lo general y en lo particular el ordenamiento relacionado con el límite que el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció para que ningún funcionario tenga un salario superior a 108 mil pesos.



El dictamen aprobado ayer, se elaboró para actualizar tér­minos y criterios de la ley apro­bada el año pasado.



Entre los cambios está la ampliación de sujetos obligados por la ley que se contempla en el artículo 1.



“Los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestata­les, fideicomisos públicos, insti­tuciones y organismos dotados de autonomía, las empresas productivas del Estado y cual­quier otro/ente público federal”, indica la enmienda aprobada en el Pleno.



Otro criterio que se compac­tó fue el de las remuneraciones ajenas al presupuesto.



“No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejer­cicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto co­rrespondiente”, señala la nueva versión.



La bancada del PAN y otros legisladores decidieron abste­nerse, tras alegar que el asun­to es revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



“Es de suma importancia que este Senado de la Repúbli­ca envíe un mensaje de absolu­to respeto a la independencia de la función jurisdiccional que nuestra Suprema Corte está realizando al respecto. Así como esta soberanía tiene sus propios tiempos y momentos para el desarrollo de sus acti­vidades legislativas, asimismo sucede con el máximo tribunal del país”, argumentó la senado­ra Minerva Hernández.



Con el dictamen aprobado se establece, además, que el Cen­tro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Di­putados será el responsable de emitir una opinión anual sobre las remuneraciones y los cargos clasificados como técnicos espe­cializados con la opinión de, al menos, tres universidades na­cionales.



Como resultado de la refor­ma constitucional de enero de 2016, armoniza la referencia a la Unidad de Medida y Actua­lización (UMA), en vez de sala­rio mínimo. También, la legis­lación relativa a los delitos de corrupción por el pago y recibo indebido de remuneraciones.



El Senado también aprobó un dictamen con el que se refor­ma la Ley de Instituciones de Crédito en materia de garantía de audiencia a personas inclui­das en la lista de personas blo­queadas.

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