Sonora Cibersegura advierte sobre difusión de contenido sexual no consentido

La agrupación señaló que el uso indebido de la inteligencia artificial para la creación de contenido falso que afecta la privacidad se considera delito

Sonora Cibersegura advierte sobre difusión de contenido sexual no consentido

Tras darse a conocer en redes sociales el reciente caso de una conocida creadora de contenido por ser víctima de Deep Fake, por la alteración de sus fotos con inteligencia artificial, la iniciativa Sonora Cibersegura recordó que este tipo de violencia y acoso digital, con la difusión de contenido íntimo sexual sin el consentimiento de la persona afectada, es un delito tipificado en la ley.

José Manuel Acosta Rendón, titular de la iniciativa, explicó que el grabar en audio o video o fotografiar en la intimidad a una persona sin su autorización, al igual que imprimir, divulgar, compartir, distribuir o publicar imágenes, videos o audios con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento o aprobación, incluso alterados por alguna Inteligencia artificial (IA), inflige la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, en su artículo 5, que se incluye la Violencia Digital como un tipo más de violencia contra las mujeres; así como también el Código Penal Estatal.

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El experto añadió que a nivel estatal, hasta el momento, en lo que va del año, en la agrupación que coordina se han contabilizado 28 casos de este tipo de violaciones a la intimidad sexual, de los cuales, argumentó que, de acuerdo a lo comentado por las víctimas, en cinco casos las fotos o vídeos fueron alterados con Inteligencia artificial, así como que tienen conocimiento de que solo tres víctimas de las 28 decidieron levantar una denuncia formal ante las autoridades.

Acosta Rendón aclaró que estas cifras solo representan los casos donde se reportó el hecho a Sonora Cibersegura, por lo cual no consideran ni se contabilizan las denuncias oficiales ante las autoridades correspondientes.

Cabe señalar que La Ley Olimpia contempla penas de prisión de 3 a 6 años, junto con multas que varían de 500 a 1 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), que equivalen entre 12 mil pesos y más de 24 mil pesos mexicanos.