De nueva cuenta, un grupo de vecinos del fraccionamiento Urbi Villas del Real agrupados en la Asociación Negociadora del Patrimonio Habitacional lograron impedir que se llevara a cabo el desalojo de una vivienda ubicada en calle Avellino número 4326 entre bulevar Urbi Villas del Real y Avilés, donde la posesionaria del inmueble denunció el forcejeo con el abogado de la inmobiliaria ILT, cuando éste intentaba violentar la malla de la cerca que resguarda la propiedad.
Narda Domínguez, quien dijo ser la posesionaria de la vivienda, acusó públicamente al abogado Luis Felipe Berrelleza, representante legal de la inmobiliaria en mención, con quien dijo haber forcejeado cuando él, con una cizalla, cortaba la malla ciclónica que protege su casa, ya que ella no se encontraba en el lugar cuando el mencionado arribó, acompañado por policías municipales y estatales.
Comentó que, al ser avisada, ella llegó a la casa e intentó entrar, pero el mencionado abogado se lo impidió al crear una valla humana con varios trabajadores que lo acompañaban con la intención de sustraer las pertenencias de la quejosa y trasladarlas en un remolque jalado por la camioneta del mismo representante legal de la compañía.
Varios vecinos, ella incluida, manifestaron responsabilizar a esta persona, así como al representante del área de ventas de la inmobiliaria, de nombre Mauricio Juraz, en caso de cualquier cosa que pueda pasarles, dado que ambos –señalaron-- constantemente acuden al fraccionamiento profiriendo amenazas y advertencias en contra de los posesionarios como de los líderes del movimiento.
Por su parte, Marisela Anaya Castro, presidenta de la Asociación, hizo una historia del movimiento por las viviendas y los varios intentos que han hecho de negociar con la inmobiliaria por un precio justo de las casas, aunque por el tiempo que tienen en posesión de estas, además de las condiciones en las que la mayoría estaban y el hecho de que ellos las hayan habilitado, ya deberían habérselas adjudicado de manera legal.
La denuncia recurrente es que, en la mayoría de casos --como el de este viernes--, los actuarios y empleados del juzgado continúan llegando sin una orden directa del juez, lo que, aseguraron, es ilegal.
Finalmente, dijeron que seguirán en la lucha por lograr certeza jurídica en lo que consideran el patrimonio de sus familias, seguros de tener la razón.
