Buscan abortar plan de justicia

Por: Redacción

Programa de vivienda para yaquis avanza en medio de sospechas de corrupción

Michel Inzunza

Recientemente publicado el decreto oficial para la creación del Plan de Justicia Yaqui y a unos días de haberse otorgado los primeros apoyos para la etnia, pareciera que alguien intenta sabotear el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para con la tribu.

En un principio, usuarios del Distrito de Riego, industriales, alcaldes, y otros grupos, buscaron a toda costa enrarecer el ambiente de negociación que mantiene la Nación Yaqui con el Gobierno Federal, manifestaron autoridades tradicionales.

Hoy, a ese grupo se suman desarrolladores urbanos y posiblemente funcionarios federales de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), quienes están a cargo de la construcción de las casas que se entregarán en los ocho pueblos tradicionales y que operan el programa con bastante corrupción, dijeron los yaquis.

Aunque las acciones de vivienda iniciaron hace menos de un mes, a lo largo de los ocho pueblos es fácil encontrar pies de casa abandonados, sin gente que labore.

El motivo, algunos constructores comprobaron que no alcanzarán ganancias significativas; en cambio, compañías que surten material, técnicos corruptos y funcionarios de la Conavi se quedarán con la mayor parte del dinero, el cual obtienen a costa de los beneficiarios, que son los propios indígenas yaquis.

Antes de que se publicara el nuevo decreto, el Gobierno Federal ya trabajaba en conjunto con la etnia. De acuerdo con información oficial, en los ocho pueblos se construyen mil 724 viviendas en beneficio de cinco mil 545 personas, con una inversión superior a los 284 millones de pesos.

Aunque el proyecto fue anunciado el 6 de agosto en Vícam, por Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), es la Conavi, a través de Leticia Salinas Salgado, quien lo opera, informaron algunos desarrolladores.

Salinas Salgado es la representante de la Conavi y aunque no consta, debido a las malas prácticas con las que opera el programa de vivienda, es muy posible que cobre “moches”, señalaron los constructores.

Para empezar se contrataron siete empresas para llevar a cabo la construcción de las mil 724 casas, una de ellas para cada pueblo yaqui. Ninguna del Estado de Sonora, mencionaron.

Los montos para las viviendas son tres: 180 mil pesos; 240 mil pesos y 120 mil pesos, este último recurso designado para ampliación. Los apoyos se entregan de manera directa a los yaquis y el dinero se deposita en tarjetas bancarias que el Gobierno Federal otorga al beneficiario.

Para acceder al programa cada yaqui firma un contrato de confidencialidad con la Conavi, algunos de los indígenas no saben ni leer, mencionaron.

El convenio ordena a la dependencia federal cobrar alrededor de 20 mil pesos por brindar asesoría técnica en cada obra, informaron, si se multiplica esa cantidad por la de mil 724 viviendas, la dependencia obtiene una ganancia superior a los 30 millones de pesos.

Para los técnicos de la Tribu Yaqui, el cobro de la asesoría técnica resulta bastante raro, pues en la localidad hay instituciones educativas y sociales que podrían realizar el mismo trabajo sin costo.

En Sonora, estudiantes y académicos del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad de Sonora, La Salle y el Colegio de Arquitectos pueden estar a cargo de la asesoría técnica y ejercer un menor cobro, dijeron los miembros de la tribu.

Los constructores encuentran pruebas más graves, como el incremento de un 20 por ciento en el precio del costo de material, el cual condicionan su compra a empresas específicas de la localidad, lo que significa que los yaquis no pueden cotizar material más barato.

Por mencionar un caso, expusieron, sale más barato adquirir un sólo saco de cemento que comprar por mayoreo, pues los precios están fijados en la orden de compra que emite el técnico encargado de la obra.

Además, el uso de material es excesivo, pues para la construcción de una unidad de vivienda que ocuparía 40 sacos de cemento, los técnicos solicitan 60 sacos.

A cada factura suman también la utilización de maquinaria pesada como retroexcavadora, pago a choferes, costo de diesel y desgaste del equipo, indicaron.

El colmo es que los técnicos solicitan a los yaquis compren tejabanes de carrizo, cuando son los propios indígenas expertos en la utilización de ese material y también se les pretende cobrar 300 pesos por la plantar un árbol.

La cereza del pastel es que, aunque los miembros de la tribu exponen constantemente el problema del abasto de agua, las casas no contemplan la utilización de tinacos.

Aunque se anunció que Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas está al tanto del programa, dudamos que sepa acerca de los malos manejos y corrupción con los que opera la Conavi, dijeron los desarrolladores.

“Pero la obra no se limita a vivienda. Es un mundo de trabajo, viene la modernización de caminos y construcción de universidades”, puntualizaron.

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