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Agrícola

Analizan precios Federación y Estado



Por: Michel Inzunza

De acuerdo con perso­nal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), las nue­vas reglas de operación, publicadas el 28 de fe­brero en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fortalecen el discurso del presidente: garantizar la seguridad alimentaria y brindar atención priori­taria a los pobres.

Contrario a estos planteamientos, en el sur de Sonora y en el norte de Sinaloa los agricultores están im­puestos a un esquema de agricultura comercial o extensiva, que busca sea subsidiada año tras año con recursos de la admi­nistración, se indicó.

Estos productores no logran ver que el nuevo Gobierno se basa en un modelo integral, el cual exige una jus­tifica­ción sobre cómo se ejercen o aplican los montos de apoyo, manifestó.

Si bien, ambas entida­des –Sonora y Sinaloa– son líderes del campo mexicano, los agriculto­res no desean compro­meterse con metas de producción a cambio de recursos, expresó el fun­cionario de la Sader.

Para este momento, los productores de dichos estados deben tener en claro la forma en la que han operado con éxito durante los últimos años y si esos antiguos esque­mas les funcionaron, es tiempo de que trabajen solos, sentenció.

Sin embargo, des­califican el apoyo a los pequeños productores, quienes nunca han re­cibido nada, como polí­ticas asistencialistas, aunque ellos tienen años subsidiados, informó.

Por ello, dijo, es nece­sario que adopten una nueva visión del campo y las reglas de opera­ción, tal y como sucedió con los productores de frijol de Nayarit, quienes acepta­ron el nuevo esquema de precios de garantía.

Y es que, si los agri­cultores buscan recur­sos, es claro que no los van a encontrar como antes, pues a nivel na­cional los apoyos se han reducido en todos los ru­bros, señaló.

Al ceder ante la exi­gencia de los producto­res, López Obrador ten­dría que hacer lo mismo en el tema de guarde­rías infantiles o mujeres afectadas, explicó el fun­cionario.

“Es necesario com­prender que existe un México con rezago his­tórico y que, en po­cas palabras, las reglas del juego cambiaron”, ex­presó.

Parte de los compro­misos es acabar con las viejas prácticas, pues hay que recordar que a nivel nacional era ha­bitual que dirigentes de organizaciones cam­pesinas tomaran las oficinas de la antigua Sagarpa, dijo.

Esos líderes, quienes supuestamente repre­sentaban a producto­res, exponían proyectos productivos con el obje­tivo de bajar recursos y presionaban tanto, al grado de obtener apoyo para sus organizacio­nes, indicó.

Pero esa actividad siempre fue disfuncio­nal para el sector pro­ductivo, añadió, pues nunca se benefició a los verdaderos campesinos; incluso, la pobreza in­crementó en zonas don­de se inyectaron mayo­res recursos.

“El capital que por años recibieron no tuvo ningún impacto; actual­mente, los beneficiarios no pueden ofrecer una sola medición que com­pruebe que hubo dismi­nución de la pobreza en esas áreas”, mencionó.

En el sector pesque­ro había un comporta­miento similar: cuando iniciaba la veda y esca­seaba el empleo, se soli­citaban recursos que en años anteriores se des­pilfarraban, ya que en realidad se destinaban para el esparcimiento, recordó.

Por eso es necesario que al momento de solici­tar y entregar un apoyo haya el compromiso por parte del beneficiario de elevar la producción, tal como sucederá en el sec­tor ganadero, indicó.

Y es que, al momento de recibir un animal, además de demostrar que existen las condi­ciones adecuadas para cuidar del espécimen, a la vuelta de los años tendrán que regresar una cría.

Sin embargo, en la agricultura comercial este planteamiento no existe, ya que se carecen de metas, sentenció.

Ante este panora­ma, el titular de la Sa­der, Víctor Villalobos Arámbula, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Aso­ciación Mexicana de Desarrollo Agropecua­rio (AMSDA) de las 32 entidades del país.

En el encuentro par­ticipó Jorge Guzmán Nieves y Manuel Ta­rriba Urtuzuástegui, directivos estatales de Sonora y Sinaloa, res­pectivamente.

Juntos acordaron evaluar programas de producción para el bien­estar, precios de garan­tía en granos básicos y leche, créditos ganade­ros, producción nacional de fertilizantes, entre otros temas.