Ismael Yocupicio Cota, dirigente del Consejo de Gobierno Autónomo Indígena Yoreme del Territorio Mayo, aclaró que no se oponen de antemano a la obra, que en Navojoa comenzaría en el 2020. "Queremos, primero, que se nos tome en cuenta, lo cual no se ha cumplido, pero principalmente conocer los detalles y todo lo referente al proyecto".
Asimismo, recordó que en el 2016 la etnia interpuso un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Ciudad Obregón, procedimiento que esperan retomar próximamente.
También en el 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, donde establece que todo proyecto o estrategia de desarrollo que afecte a zonas indígenas debe contar con la plena participación de las comunidades, siempre que sea posible, en las fases de diseño, ejecución y evaluación, agregó.
Yocupicio Cota citó que la CNDH estableció que la consulta previa es un instrumento de diálogo legítimo y eficaz en la prevención y resolución de conflictos, en la medida que sus resultados sean vinculantes, y obrará en protección de los derechos humanos de los indígenas, siempre que se logre progresivamente el consentimiento libre, informado y en condiciones justas.
Señaló que la Tribu Mayo desea conocer sobre las inversiones iniciales de la empresa y las que ejercería año con año, el material que utilizará, las áreas específicas donde trabajará, la procedencia y destino del gas, así como el personal de trabajo, si será nacional o extranjero.
Afirmó que el Consejo de Gobierno Autónomo Indígena está haciendo lo pertinente, lo que debe hacer de acuerdo a términos legales y correctos, y no como oportunidad de obtener dinero o negociar, sino de que se les garantice apoyos en especie, empleos, cuidado del medio ambiente, entre otras cosas.
"A diferencia de los yaquis, nosotros no vamos a tomar decisiones drásticas o radicales", aclaró.
