Sólo en estas condiciones, los elementos militares pudieron haber accionado sus armas contra los 2 jóvenes, Cristo Fernando, de 17 años; y Melissa García, de 19 años, el pasado sábado en Carbó durante la revisión militar. De no ser así estarían violando la norma federal.
Además, se especifica que el uso de la fuerza se debe hacer en todo momento privilegiando el respeto a los derechos humanos.
Se consideran amenazas letales inminentes a: la acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o una réplica de la misma en dirección a una persona; la acción de no soltar un arma de fuego o una réplica de la misma después de advertencia clara; la acción de poner en riesgo la integridad física de una persona con un arma punzocortante; y el accionar el disparador de un arma de fuego.
Manuel Emilio Hoyos, representante del Observatorio Sonora por la Seguridad, dijo que a nivel país exige, desde años, una opacidad por parte de los gobiernos hacia la forma en la que agentes y funcionarios siguen los protocolos de esta norma.
"Hay una opacidad desde hace algunos años por parte de Sedena que se ha negado a revelar el número de civiles que han muerto por estados de arma de fuego, el problema que seguimos enfrentando es la falta de acceso a las víctimas en este tipo de situaciones".
