Por: Raúl Armenta RincónVázquez Hernández se presentó ayer miércoles en la redacción de Diario del Mayo y señaló que durante dos años y siete meses ha expuesto su queja ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras dependencias, además de que se manifestó en la reciente gira de López Obrador a esta región.
Dijo que en febrero del 2017 se le despidió del cargo, que ocupaba desde julio del 2015, presuntamente por faltas injustificadas, pero que después él comprobó, con documentos, que sí estaban justificadas.
Tras el despido, y porque no recibió finiquito o liquidación como lo establece la ley, decidió presentar una demanda ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Navojoa, instancia que debió turnar el documento al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por el tipo de plaza y porque la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que el patrón debe presentar ante el tribunal la terminación de relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón antes de aplicar dicha baja y es dicho organismo laboral quien le notificaría si aplica o no. "Todo esto se omitió", sostuvo.
Acusó que la titular de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, Graciela Martínez de la Torre, está favoreciendo al patrón "al ignorar que estoy en una demanda por despido injustificado, cuando sigo siendo trabajador activo ante el Issste, además de cotizar Fovissste y también sigo activo en el Sindicato de Trabajadores de la Salud, de lo cual tengo todas las pruebas".
El médico precisó que está pidiendo que se le reinstale en su puesto y que se le pague alrededor de un millón de pesos, que es lo que corresponde por salarios caídos.
Asimismo, denunció que no aparece información del expediente 87/2017 en ningún portal de Transparencia de Sonora, ni en la lista de acuerdos. "Lo que me lleva a sospechar que no se radicó dicha demanda, ya que la Junta Especial no es competente para llevar ese caso, además de que sigo como trabajador activo en los Servicios de Salud de Sonora".
También acusó que en los documentos presentados en el expediente de la demanda hubo falsificación de firmas.
Vázquez Hernández mencionó como principales responsables de estas irregularidades, además de la ya citada titular de la Junta, a David Pérez Muro, director del Hospital Comunitario de Álamos, y a Rafael Enríquez Corral, encargado de Recursos Humanos de la Jurisdicción Sanitaria 5.
