Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmará este martes 8 de julio de 2025 una iniciativa de reforma constitucional con la cual se busca dotar al Congreso de la Unión de facultades para expedir una Ley General contra la Extorsión.
Así lo anunció la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, durante la conferencia matutina de la mandataria.
La reforma propone modificar el artículo 73, fracción XXI, inciso a de la Constitución para establecer un tipo penal único en todo el país en materia de extorsión, al igual que ocurre actualmente con delitos como el secuestro y la desaparición forzada.
La iniciativa permitirá perseguir de oficio este delito, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal.
"La extorsión es el delito que no hemos logrado disminuir, a diferencia de otros. Esta reforma representa un compromiso firme de nuestro gobierno para enfrentar una conducta que tiene graves repercusiones económicas, físicas y psicológicas en quienes la padecen", expresó Sheinbaum.
Godoy explicó que la ley general permitirá una coordinación efectiva entre autoridades, con herramientas de inteligencia e investigación más eficaces. Asimismo, se contempla la creación de programas de capacitación para personal especializado, así como canales de denuncia seguros y atención integral a víctimas, ofendidos y testigos.
La extorsión ya está clasificada como delito grave en el artículo 19 constitucional, pero con esta reforma se busca que el Estado asuma plenamente la responsabilidad de su persecución.
"Esta ley será contundente para dejar claro que la víctima no solo es el individuo, sino también el Estado, por las afectaciones sociales que provoca este delito", afirmó la consejera jurídica.
LÍNEA DE DENUNCIA POR CASOS DE EXTORSIÓN
Como parte de la estrategia integral, se anunció también la habilitación del número 089 como línea nacional para reportar casos de extorsión. Las unidades especializadas en secuestro asumirán también la investigación de estos casos, y se eliminará la carga de la denuncia individual: ahora, el Estado será quien persiga de oficio todos los tipos de extorsión, incluido el llamado "cobro de piso".
Con esta iniciativa, el Gobierno Federal busca cerrar el paso a una de las prácticas delictivas más dañinas para la ciudadanía y para el desarrollo económico del país.
