SCJN pospone análisis del amparo concedido a Mario Aburto; ¿cuándo será la nueva fecha?
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá solicitó más tiempo para estudiar el proyecto que permitiría a Mario Aburto recuperar su libertad
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha pospuesto la discusión del proyecto que podría llevar a la liberación de Mario Aburto Martínez, quien fue condenado por el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, hace casi 30 años.
En sesión privada, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá solicitó más tiempo para estudiar el proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat, por lo que la sesión pública en la que se discutiría este tema aún está pendiente de llevarse a cabo.
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¿CUÁNDO SERÁ LA NUEVA FECHA?
Aunque no se ha determinado una fecha específica para la discusión, se sugiere que podría tener lugar el próximo 20 de marzo, apenas tres días antes de que se cumpla el trigésimo aniversario del homicidio de Luis Donaldo Colosio.
El proyecto de la ministra propone desechar el recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR), argumentando que no presenta cuestiones de constitucionalidad que deban ser revisadas por la Corte.
Según fuentes cercanas al caso citadas por Milenio, la FGR sostiene que la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado se basó en criterios que ya no son vigentes, y argumenta que Mario Aburto Martínez debería ser juzgado por un delito federal, no local.
REVISIÓN Y DEBATE
Cabe recordar que en diciembre de 2023, la Corte admitió a trámite el recurso de revisión de la FGR, y desde entonces ha sido objeto de análisis y debate.
La presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, inicialmente asignó el caso al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para su estudio, pero este último fue declarado impedido debido a su participación previa en un caso similar, donde ordenó la liberación de otro implicado en el asesinato de Colosio.
Por su parte, la FGR insiste en que el tribunal no evaluó correctamente la jurisdicción federal del caso, y argumenta que el crimen tuvo repercusiones de tal magnitud que debería ser considerado como un delito federal.
