Por: Eduardo Sánchez
Las personas que realicen quemas agrícolas en Jalisco sin contar con permiso o pese a prohibición de la autoridad competente, podría enfrentar sanciones de hasta 2.1 millones de pesos.Comisiones del Congreso de Jalisco, a petición del Ejecutivo, aprobaron este martes reformas a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las cuales, si son validadas por el Pleno, establecerían multas contra quemas sin control.
Por ejemplo, con las nuevas disposiciones quedaría prohibida la realización de quemas agropecuarias en territorio de los Municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), aún cuando se trate de puntos alejados de las áreas urbanas.
Mientras que, en localidades que no formen parte del AMG las quemas solo podrían realizarse priorizando las necesidades agropecuarias, las situaciones de riesgo y los avisos de quemas previos a su realización.
De acuerdo con datos expuestos por la diputada del PVEM, Rosa Angélica Fregoso, por no acatar las nuevas disposiciones en torno a las quemas agrícolas, los responsables estarían sujetos a multas que irían de las 100 a las 25 mil Unidades de Medida y Actualización, entre 8 mil 680 pesos a 2.1 millones de pesos.
"La sanción de multa se incrementará al doble del mínimo y máximo, cuando la quema se realice con una proximidad máxima de diez metros a un terreno forestal; y la sanción de multa se incrementará al triple si la quema se realiza con la misma proximidad a un área natural protegida", indica una de las reformas aprobadas por Comisiones legislativas.
"Las autoridades municipales podrán practicar la extinción y control de quemas agropecuarias, cuando no se avise a dicha autoridad de manera previa a su realización; o, cuando se encuentren prohibidas, como es el caso del AMG", agrega.
Asimismo, se prevé dar plazo de un año para que una vez publicadas las reformas en el Periódico Oficial del Estado, el Ejecutivo expida reformas necesarias para reglamentar cambios a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico; mientras que los Ayuntamientos tendrían 90 días para ajustar reglamentación.
