La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que los vapeadores y cigarrillos electrónicos representan un riesgo severo para la salud, luego de que la Cámara de Diputados aprobó su prohibición total dentro de la Ley General de Salud.
La mandataria subrayó que estos dispositivos "hacen muchísimo daño", especialmente entre las y los jóvenes, quienes se han convertido en su principal mercado por la idea equivocada de que vapear es menos perjudicial que fumar tabaco.
Durante la conferencia matutina de este miércoles 10 de diciembre, Sheinbaum afirmó que los vapeadores contienen "muchísimas sustancias y materiales dañinos", y que su consumo se ha popularizado con campañas que minimizan sus efectos reales.
MÁS DAÑINOS QUE LOS CIGARRILLOS
Asimismo, destacó que la noción de que vapear es una alternativa más segura carece de sustento científico y que, por el contrario, sus componentes pueden causar afectaciones respiratorias, cardiovasculares y adictivas similares o incluso superiores a las del cigarro tradicional.
Tras la aprobación legislativa, la presidenta informó que la Secretaría de Salud deberá coordinarse para implementar inspecciones, operativos y sanciones contra la comercialización ilegal de estos productos.
La prohibición quedó establecida tanto en la Constitución como en la legislación secundaria, lo que obliga a reforzar la vigilancia en puntos de venta físicos y digitales.
El dictamen, enviado desde el Ejecutivo federal, fue aprobado el 9 de diciembre con 324 votos a favor y 129 en contra, al término de un debate marcado por acusaciones de improvisación, advertencias sobre un eventual crecimiento del mercado negro y críticas por presunta criminalización.
¿QUÉ ESTABLECE LA NUEVA PROHIBICIÓN DE VAPEADORES EN MÉXICO?
Sin embargo, sus impulsores defienden que la iniciativa responde principalmente a la protección de niñas, niños y adolescentes.
La reforma plantea la prohibición absoluta de producir, comercializar, importar, exportar y publicitar vapeadores en México. También establece que las sanciones aplicarán exclusivamente para quienes lucren con su distribución o venta, dejando fuera a quienes los posean o utilicen.
Las penas por comercio ilícito van de uno a ocho años de prisión, además de multas que pueden alcanzar los 226 mil pesos.
La modificación a la Ley General de Salud también contempla el fortalecimiento del sistema sanitario mediante compras consolidadas de medicamentos, el impulso a la producción nacional de insumos y nuevas atribuciones regulatorias para Cofepris.
Esta reforma tiene el objetivo de cerrar espacios a prácticas comerciales engañosas y mejorar la capacidad del Estado para vigilar estos productos.
En conjunto, el gobierno federal asegura que la reforma busca proteger a la población, en especial a la juventud, ante un mercado que se ha expandido con estrategias llamativas y narrativas que minimizan sus riesgos, pero cuyos efectos, según la presidenta, representan un peligro real para la salud pública en el país.
